LOS HOMICIDIOS DEL DIPUTADO ROJAS SAN ROMÁN Y MAXIMINO MONTIEL PEÑA DEBEN ESCLARECERSE

Las autoridades del sistema de justicia están obligadas a investigar y esclarecer todos los delitos y a castigar a los autores materiales e intelectuales de los mismos. Cuando no lo hacen, fallan a sus responsabilidades constitucionales, favorecen la impunidad y generan condiciones inapropiadas para la convivencia armónica de los miembros de la comunidad.

Esta obligación es para todos los casos, pero hay algunos que por circunstancias especiales, connotaciones y alcances deben ser prioritarios; sobre todo, cuando se cometen en condiciones delicadas, como lo son las épocas preelectorales, electorales y poselectorales como las de estos momentos.

Por ello, los homicidios del diputado federal y precandidato del PRI a alcalde de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, y de Maximino Montiel Peña exigen investigaciones inmediatas, profundas, profesionales, objetivas y con resultados apegados estrictamente a lo que los juristas denominan “verdad histórica”.

El legislador federal había sido representante popular local y era un cuadro destacado del partido gobernante. Hace un tiempo fue víctima de violencia, justamente en otro proceso electoral local, lo cual no lo convenció de disponer de un equipo de protección. No contaba con escolta. Tampoco la tenía en el momento del atentado.

Cuautitlán Izcalli, por donde era representante popular y ahora buscaba ser presidente municipal, fue perdido en forma aplastante por el PRI en la elección de gobernador, a pesar de ser la tierra de la entonces dirigente estatal de ese partido y ahora candidata a senadora, Alejandra del Moral.

Rojas San Román no tenía asegurado el triunfo electoral, y el antecedente inmediato más bien indicaba que tenía un alto riesgo de perder, lo que debe tomarse en cuenta en las investigaciones cuando indaguen la línea política como posible móvil del atentado que al final le quitó la vida al diputado federal y una mujer, familiar del político. El robo del vehículo en que se transportaba no parece ser la motivación del ataque.

La muerte de Maximino Montiel Peña adquirió relevancia por su parentesco con el presidente Enrique Peña Nieto, de quien era tío en tercer grado; y con el exgobernador e influyente político Arturo Montiel Rojas. Al momento de hacer estas reflexiones no había información que permitieran tener una idea de las circunstancias y móvil del homicidio del hombre de 61 años de edad. Había varias versiones extraoficiales.

Fue asesinado en Atlacomulco, justamente la tierra de los dos poderosos políticos mencionados. Entre el atentado a Rojas San Román y la agresión a Montiel Peña mediaron unas tres horas, y aun cuando ambos hechos ocurrieron en un clima de inseguridad pública y violencia criminal del territorio estatal, las autoridades deben esclarecer los dos homicidios en el menor tiempo posible, como es su obligación hacerlo en todos los delitos, para hacer justicia y evitar la incorporación de ingredientes indeseables y riesgosos  en los procesos electorales.