Los periodistas asesinados, salvo en los casos de los muy conocidos y reconocidos por estar al servicio de los grandes e influyentes medios informativos de cobertura nacional, son revictimizados por las autoridades. A no pocos les niegan incluso su condición de informadores profesionales, para desvanecer las sospechas de haber sido ejecutados por ejercer la libertad de expresión.
En otros casos los gobiernos van más allá y atribuyen a los reporteros víctimas de homicidios intencionales vínculos con la delincuencia organizada. Así de sencillo, sin ahondar, dan por hecha la incorporación voluntaria a los grupos delictivos, por lo cual, según esta estrategia institucional justificadora, habrían sido culpables de trágico destino.
En la realidad y, sobre todo, en las regiones del país con fuerte presencia y poder de las bandas de la delincuencia organizada, las cosas no son así de simples. No puede desconocerse que pudiera existir algún periodista quien libremente decida obtener beneficios ilícitos mediante vínculos con la delincuencia, pero en casi todos los casos hay otras circunstancias que no pueden soslayarse cuando se examina este tema.
Los periodistas, sobre todo, los famosos, de la Ciudad de México, no pueden entender las condiciones de riesgo en las cuales laboran y cubren los hechos sangrientos los reporteros de las zonas más peligrosas de la República, donde la palabra de los carteles de las drogas y otras modalidades delictivas altamente organizadas es ley.
No muy lejos de la capital del país, en Morelos, presenciamos en las redes sociales como un grupo de sicarios bajó de su vehículo a un alcalde, lo obligó a que se hincara, y en esa humillante posición lo maltrataron verbalmente y le exigieron una serie de beneficios ilegales de la hacienda pública.
Así de enorme es el poder sobre vidas y bienes que ejercen los grupos criminales en las zonas donde dominan. En estas condiciones, si son capaces de hacer eso con los presidentes municipales, ya es de imaginar cuanto pueden hacer con un humilde reportero de un modesto medio informativo, programa de radio o portal digital de una población pequeña.
En este escenario, debemos preguntarnos si un periodista de una región altamente peligrosa estaría en posibilidades de negarse a publicar una información sesgada que le ordenaran los poseedores del poder de las armas y monopolizadores de la violencia, y si tendría posibilidades de seguir en su comunidad si no lo hacía.
Esto se olvida, como se hace pasar por alto que las bandas criminales tienen de enemigos a otros grupos igualmente peligros y, por lo tanto, a un reportero pueden asesinarlo si no difunde lo que le interesa a determinado grupo delictivo, pero también la contraparte, si lo hace.
Los reporteros no tienen muchas opciones, ni condiciones para ejercer libremente su libertad, porque las autoridades federales, estatales y municipales no se la garantizan como es su obligación. Los dejan indefensos, y después aducen que son ejecutados porque tienen vínculos con grupos criminales o de plano ni son periodistas, con lo cual los revictimizan con la mano en la cintura.
