Sin proponérselo, el magistrado Medina Peñaloza desnudó la ineficacia de la FGJEM.
Lejos de elevarse, como era su objetivo estratégico, la eficacia en la procuración de justicia mexiquense empeoró tras la conversión de la Procuraduría en Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de acuerdo con la escasa información sobre tema proporcionada por el titular del Poder Judicial, Sergio Medina Peñaloza.
En su tercer informe de actividades el magistrado, sin proponérselo, dio a conocer un dato estadístico revelador y preocupante del problema de la FGJEM: de los 247 mil 800 asuntos atendidos en 2017, sólo 7.5 por ciento correspondieron a expedientes penales; es decir, a 19 mil 525 consignaciones hechas por el ministerio público.
La ineficacia es mayor a lo indicado por ese porcentaje, pues las carpetas de investigación abiertas en 2017 por la nueva institución, presuntamente modernizada, con más presupuesto, personal más capacitado y convencido de la importancia de sus funciones, han sido más de 291 mil. El Fiscal Jaime Alejandro Gómez Sánchez no quiso dar entrevista ni hablar al respecto.
Además, los 19 mil 525 expedientes radicados en los juzgados penales no necesariamente concluyeron su trámite judicial con una sentencia condenatoria. Estas debieron ser mucho menos, aunque Medina Peñaloza, a diferencia de lo que hacían sus antecesores, no detalló en su informe el número ni el porcentaje de las resoluciones judiciales favorables a la FGJEM.
Comparados con las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del ministerio público, los expedientes penales radicados representaron apenas un 6.7 por ciento, nivel de eficacia reducidísimo, el cual refleja una alta impunidad de los delincuentes.
En el pasado, cuando funcionaba la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ese porcentaje de consignaciones admitidas por los jueces llegó a ser del 10 por ciento, y se consideraba bajo y preocupante, y ahora empeoró.
Los datos proporcionados por Medina Peñaloza mantienen en la opacidad el aspecto importante de las sentencias condenatorias, indicador indispensable para conocer eficacia y eficiencia de la Fiscalía, así como el grado de impunidad en el universo de los delitos denunciados. En el Estado 95 de cada cien delitos cometidos no se dan a conocer al ministerio público y, por lo tanto, no se convierten en carpetas de investigación. Debido a ello, la impunidad oficial se calcula comparando solo el número de expedientes abiertos contra el de los integrados, consignados, radicados y las sentencias condenatorias.
Sin embargo, esta información no fue proporcionada por el presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. De cualquier modo, generalmente las resoluciones judiciales de los expedientes penales favorables al ministerio público (ahora fiscales) representan un porcentaje inferior al 40 por ciento de todas las consignaciones penales; es decir, las condenas debieron ser apenas unas 8 mil, de las 291 mil denuncias.
La Fiscalía, inexplicablemente, nunca difunde datos estadísticos sobre el número y porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas del conjunto de consignaciones, mucho menos de sentencias confirmadas por las salas o en juzgados de amparo y tribunales unitarios y colegiados en materia penal del fuero federal. Una omisión sospechosa y preocupante.
