El lugar común, aun siéndolo, tiene lógica: nada alienta más la comisión de delitos que la seguridad de obtener impunidad. Y ésta crece cuando en un círculo vicioso las víctimas no denuncian porque no obtienen justicia, y no obtienen justicia porque no dan a conocer sus agravios. Eso está ocurriendo en suelo mexiquense, como lo muestran las estadísticas oficiales. Es preocupante, pero real: la mayor seguridad la tienen los delincuentes, porque el riesgo de ser detenidos y castigados es mínimo.
En los últimos 18 meses los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, cada quien en su ámbito de responsabilidades, hicieron un gran esfuerzo para responder a las exigencias del nuevo sistema penal acusatorio, comenzando por la transformación radical de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
La convirtieron en Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Desde el punto de vista nominativo sólo se sustituyó la palabra “Procuraduría” por la de “Fiscalía”, pero en la práctica se buscó modernizarla, darle mayor eficacia, honestidad y transparencia, para lo cual se aumentó su presupuesto.
Más de un año después del cambio citado los resultados no sólo son desalentadores, sino preocupantes: la eficacia, media en el número de carpetas de investigación integradas y consignadas a los jueces penales es ínfima, según se desprende del análisis efectuado por “El Espectador” a un dato suelto, pero relevante contenido en el tercer informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Medina Peñaloza: de los 247 mil expedientes radicados en los juzgados de primera instancia el año pasado, sólo 19 mil 525 fueron de materia penal.
Ese número de carpetas de investigación integradas y consignadas a los jueces penales representaron apenas el 6.7 por ciento de los poco más de 291 mil casos de delitos denunciados en 2017. El magistrado no precisó cuántas sentencias condenatorias se dictaron en esos menos de 20 mil expedientes, pero la experiencia enseña que los fallos en contra del ministerio público representan un alto porcentaje.
Empero aun en el mejor de los casos, suponiendo una eficacia del ciento por ciento en las consignaciones y que todos los consignados penalmente fueron condenados, la FGJEM no integró o no consignó 271 mil 475 carpetas de investigación, con un alto riesgo de que los culpables de esos delitos queden sin castigo, en perjuicio de los agraviados directamente, de sus familiares y de la sociedad.
El problema de la impunidad es más grave en el Estado, porque de cada cien hechos delictivos sólo 5 se denuncian y se convierten en carpetas de investigación. Es decir de cien mil casos apenas cinco mil se dan a conocer al ministerio público, y de los que se convierten en expedientes el 93.3 por ciento ni siquiera es consignado ante los jueces. Pero esta realidad a nadie preocupa. Se soslaya, como si no debilitara al estado de derecho.
