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¿Grandes empresas mediáticas actuarían como las de Brasil y Venezuela si pierden privilegios?

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Las empresas propietarias de los grandes medios informativos impresos y electrónicos no son ya como antes. Ahora no viven de la publicidad oficial, aun cuando esos ingresos suman diez mil millones de pesos al año sólo del Poder Ejecutivo Federal, sino de los grandes negocios y privilegios otorgados por las instituciones en diversas modalidades.

Un ejemplo de ello son los contratos de muchos miles de millones de pesos entregados a los Vázquez Aldir para obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de los dueños de “Excelsior” e “Imagen Noticias”. En este caso, como los de otras corporaciones de la actividad periodística, utilizan sus medios informativos para intimidar a las instituciones y obtener beneficios para sus otras empresas.

En el consejo de administración de Televisa figuran los hombres más ricos del país, quienes han recibido concesiones mineras, compraron a precios simbólicos empresas públicas y bancos y sus compañías son las beneficiadas con la devolución de impuestos, que en 4 años de Luís Videgaray en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sumaron un billón 300 mil millones de pesos.

Al conjunto de los grandes medios informativos no les importa, ni les preocupa la derrota del PRI en la elección presidencial del primero de julio próximo, sino el riesgo de perder las condiciones que como parte del grupo de los dueños de la economía nacional les permiten enriquecerse mientras la población se empobrece.

En esto, las empresas mexicanas dueñas de los medios informativos de cobertura nacional no son distintas a sus pares de los países latinoamericanos. La diferencia es que aquí sus privilegios y grandes intereses económicos ilegítimos nunca se han visto perjudicados como en las naciones de la subregión del Continente.

No sabemos cómo reaccionarían en el caso de que el próximo gobierno les retirara sus privilegios. Tal vez su comportamiento sería el mismo que el de las empresas mediáticas con intereses económicos ramificados de Brasil, Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador, quienes han sostenido intensas y prolongadas campañas de desprestigio, basadas en calumnias contra los poderes constituidos de esos países.

Fueron determinantes en el golpe legislativo contra Dilma y la inhabilitación de Lula, en Brasil; en la generación de las condiciones que permitieron el triunfo de partidos de derecha y proestadounidenses en Argentina, Chile y Perú, y para persuadir al nuevo gobierno de Ecuador de dar un giro a la derecha.

Las autoridades de esos países están lastimando las condiciones de vida de los trabajadores y devolviendo privilegios a los dueños de las economías de esos pueblos. Ante eso los grandes medios informativos guardan un silencio cómplice. ¿Harían lo mismo en México en caso de perder sus privilegios?

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