La acumulación de capital siempre ha tenido como fuente la explotación de la mano de obra y los recursos naturales de todos los países, pero particularmente de los subdesarrollados, lo cual explica esa abismal diferencia, por ejemplo, entre los ingresos de los asalariados alemanes, ingleses, estadounidenses o canadienses y los de mexicanos; así como en el cuidado de los bosques canadienses y los de nuestro país, por ejemplo.
Esta lógica está llegando demasiado lejos en la nueva etapa de la globalización neoliberal, acentuada a partir del desmantelamiento del sistema de países socialistas liderados en su tiempo por la ahora desaparecida Unión de República Socialistas Soviéticas (URSS) y el avance de los objetivos estratégicos del Consenso de Washington.
No otra cosa es lo descubierto por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM y las investigaciones de la científica ambientalista Silvia Ribeiro. La propia denominación dada ahora a los países en vías de desarrollo; sobre todo, a los dependientes de los industrializados: ya no son naciones en el nuevo lenguaje de los dueños del capital financiero mundial, son “economías emergentes”.
Esta depredación de los niveles de bienestar de los trabajadores es mayor cuando los gobiernos de los estados nacionales no defienden los intereses de sus gobernados y se pliegan dócilmente a los dictados de los centros mundiales del poder económico y, especialmente, a los planes de concentración de la riqueza de los dueños de la economía planetaria.
Con todo, la lógica de la expansión de la nueva forma de explotación de los pueblos, aun con la globalización neoliberal, deja márgenes de soberanía, limitada y todo, pero real, a los estados nacionales para neutralizar los efectos más perniciosos de la nueva fase de un capitalismo, más salvaje que antes.
Y depende de esos gobiernos aprovechar esas posibilidades o no. En el caso de México, la vocación natural manifiesta del canciller Luís Videgaray Caso por la dependencia de Estados Unidos, y su inmenso poder e influencia en las decisiones del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, explican el desmantelamiento del sistema sindical en México, una de las condiciones indispensables para anular las conquistas laborales de la clase asalariada. El funcionario no necesita ser secretario del Trabajo para decidir.
Si los cambios a la legislación laboral “en análisis” en el Congreso de la Unión se concretan, el destino de los trabajadores será todavía más sombrío que el actual. Y es posible que se estén impulsando no por fuertes presiones del exterior, sino por la insensibilidad, la ausencia de sentido de futuro y el deseo de entregar a los intereses económico globales la riqueza nacional incluso cuando ni se les pide; es decir, a iniciativa propia.
