El cambio fue sólo de nombre: de Procuraduría a Fiscalía, pero no mejoró su eficacia.
El mal desempeño de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), expresado en una baja efectividad y reducido porcentaje de carpetas de investigación integradas y consignadas ante los jueces penales, no es sorpresa: era esperable.
El puro cambio de nombre de Procuraduría por Fiscalía no iba a mejorar su funcionamiento y menos desterrar vicios, coincidieron en comentar los conocidos abogados postulantes Guillermo Hidman y José Luís Altamirano Barrueta.
En breve entrevista y por separado, Hidman consideró grave para el sistema de justicia que de más de 291 mil carpetas de investigación abiertas el año pasado por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, apenas poco más de 19 mil se hayan consignado a los juzgados punitivos.
“No se terminaron de integrar más de 271 mil, cuyos agraviados no recibirán justicia, mientras los culpables tienen garantizada la impunidad. Esta situación debe preocupar”, sostuvo el abogado postulante.
Por su parte, José Luis Altamirano definió como un grave error de las autoridades de la ahora Fiscalía General de Justicia no depurar a su personal, porque hay mucha corrupción, problema que no puede ser solucionado con un simple cambio de nombre.
No obstante, dijo, el fracaso de los esfuerzos por mejorar la investigación y persecución de los delitos en el Estado de México se esperaba, porque no hubo una “limpieza” de malos elementos de la antes Procuraduría General de Justicia, ni capacitación eficaz para los propósitos del nuevo modelo de justicia penal.
Se necesitaba una depuración de arriba hacia abajo, mayor capacitación y personal comprometido con la procuración de justicia. “Trabajando con los mismos no podía, ni podrá mejorar la situación”, recalcó.
Sin un mejoramiento profesional de los agentes del ministerio público y de los elementos policiacos de la Fiscalía, las cosas seguirán igual, “porque ni el cambio de nombre ni el nuevo sistema penal acusatorio con sus juicios orales podrán suplir esas deficiencias”, recalcó.
El cambio de Procuraduría a Fiscalía no fue una ocurrencia, sino un mandamiento de la reforma de la justicia penal del país, pero se efectuó sin la preparación previa de quienes participan en el sistema de justicia y, menos, en el personal de la Fiscalía, por lo que el número absoluto y consignaciones de carpetas de investigación sin ínfimos, como lo indica la información estadística del Poder Judicial mexiquense.
Guillermo Hidman dijo que no debe olvidarse que “además de todos esos factores enumerados, el número de agentes del ministerio público y de policías de la Fiscalía es insuficiente para desahogar con oportunidad y eficacia la enorme carga de trabajo de cada uno, además de la persistencia del fenómeno de la corrupción”. Y consideró necesario un mayor presupuesto y crear más plazas en las áreas sustantivas de la institución.
