El poder fáctico mediático sigue inconforme con la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión, impuesta por la ley a partidos y candidatos en los procesos electorales. Y presionan para modificar la legislación electoral, a fin de suprimir esa prohibición. Ya lograron la autorización para vender, disfrazada de información de interés noticioso, entrevistas a funcionarios públicos, aun en programas de espectáculos.
No están conformes con eso e insisten en derogar la restricción para vender tiempo a partidos y candidatos. Esa prohibición tuvo como finalidad evitar la inequidad en las luchas interpartidistas, pues con la libertad de pagar propagan da en radio y televisión los partidos más grandes y candidatos ricos tendrían ventaja sobre los otros.
El negocio perdido es de miles de millones de pesos, y por eso presionan para derogar la citada prohibición. No lo hacen abiertamente, sino mediante la manipulación y el argumento de que el actual modelo de comunicación política y electoral diseñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) afecta la democracia, cansa a la sociedad con tantos spots y no permite a los candidatos la presentación de ofertas de gobierno.
Sus cuestionamientos son válidos, pero no su ambición de la venta de espacios para propaganda electoral. Y mejorar la comunicación política y electoral de los partidos y candidatos puede lograrse sin autorizarse el pago de tiempo en radio y televisión; es decir, sin ceder a la voracidad de las empresas dueñas de medios informativos electrónicos.
El INE está en condiciones de imprimirle eficacia a la propaganda de candidatos y partidos sin necesidad de reforma legal alguna. Basta con desechar la llamada “spotiza” y sustituirla por mensajes de mayor duración que los 30 ´0 20 segundos actuales, para que las organizaciones políticas y sus abanderados puedan enterar debidamente a los votantes sobre lo que proponen y cómo piensan hacerle para concretar sus compromisos de gobierno.
Debe quedar claro que un cambio en el modelo de la comunicación política y electoral, que se efectúa con cargo a los tiempos oficiales que el gobierno tiene en los canales de televisión y radiodifusoras concesionadas, no necesariamente debe pasar por la derogación de la prohibición a candidatos y partidos de comprar tiempo en los medios informativos electrónicos, como los propietarios de éstos lo exigen.
El INE puede realizar esfuerzos para darle eficacia a las campañas electorales y fortalecer la democracia con un diseño de propaganda que resulte atractivo para los mexicanos y les permita conocer bien a los candidatos y sus propuestas. Y debe hacerlo, pero no volver a los tiempos del pago a televisoras y radiodifusoras para difundir sus campañas. A los concesionarios les importa exclusivamente el dinero, no la democracia y mucho menos la equidad en los procesos electorales. Son mercenarios.
