*Hay quienes no se sonrojan ni mucho menos se inhiben de incurrir en delitos.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió hace unas semanas su concurso para designar una nueva generación de jueces de distrito, porque el examen fue robado, reproducido y comercializado ilegalmente.
Las pruebas, supuestamente bien resguardadas, ya estaban en manos de los aspirantes a impartir justicia. De entrada, demostraron que la ética y el respeto a los procedimientos no eran su fuerte, y sí la trampa y la ventaja ilegal. Y así se consideraban los más apropiados para tener en sus manos la aplicación de las leyes.
En el Estado de México tuvimos 12 casos de aspirantes a notarios que sabían mejor que nadie su incumplimiento de requisitos legales para tener bajo su responsabilidad la fe pública. No sólo no reconocieron su inhabilitación para desempeñar esa delicada función, sino que gestionaron y en algunos casos, mediante el tráfico de influencia consiguieron que el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas les regalara las notarías. Las recibieron sin inmutarse y con regocijo.
Los tres candidatos independientes a la presidencia de la República hicieron trampas para reunir firmas. Con ello violaron leyes, porque falsificaron documentos y los usaron. Los falsos apoyos fueron desechados por el INE, pero eso no borró el hecho de la ilegalidad, lo cual no inmuta ni a Margarita Zavala ni al “Bronco” ni a Armando Ríos Piter.
Gente de mucho dinero convirtieron al Estado de Morelos en paraíso para registrar y emplacar carros de 8 millones de pesos o más, para evadir el pago de tenencia, un requisito indispensable en casi todas las entidades federativas para recibir las láminas para circular.
En esta maniobra de resistencia a cumplir con la ley y asumir sus obligaciones frente al fisco incurrió incluso el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, quien se inventó un domicilio en Cuernavaca, Morelos, para conseguir las placas.
Al final la difusión de esta irregularidad, más la de violencia de género y sus vínculos cercanos con el presidente Enrique Peña Nieto frustraron el anhelo de Cervantes de convertirse en el primer Fiscal General de la República, pero su vehículo de superlujo sigue registrado en Morelos.
En esta falta de respeto a la norma y a la ética sobresalen los gobernantes y funcionarios que constituyen con todas las de la ley empresas para facturarle por servicios, obras públicas o compras, aunque no existan en la práctica. Las utilizan para saquear las arcas de los gobiernos federal, estatales y municipales, pero mucho más, a los organismos públicos descentralizados. En todos estos casos hay corruptos pertenecientes a la iniciativa privada y muchos se jactan abiertamente de tener relaciones y negocios con el gobierno.
