PRI y Gobierno, los Más Obligados a Generar
Clima de Civilidad en la Lucha Presidencial
(Tercera parte)
Por razones de estado de derecho, nadie debería estar por encima de las leyes, pero en la práctica lo están, como lo constatamos todos los días: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado cerca de 900 denuncias penales contra gobernadores y funcionarios federales, por no haber acreditado en tiempo y forma el correcto ejercicio del gasto público aportado por la federación.
Entre las irregularidades detectadas figuran pagos con sobreprecios, por obras no ejecutadas o no concluidas, por no supervisar los trabajos, por demora en los plazos de entrega de los proyectos, omisión en la aplicación de sanciones económicas por incumplimiento de las condiciones de los contratos y por trabajos de menor calidad a la pagada.
No obstante, esas denuncias no se terminan de integrar o no las consignan ante los jueces penales, como ocurre con el presunto acto de corrupción del anterior director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien habría recibido 10 millones de dólares de la mayor empresa contratista de obras públicas de América Latina: Odebrecht.
A partir de esta realidad, no puede dejar uno de considerar que la denuncia penal en la que involucran o quieren involucrar al candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, constituye un claro uso de la Procuraduría General de la República (PGR) con fines electorales y partidistas, como lo sostienen reconocidos intelectuales.
Sorprende y preocupa que haya sido una institución del Estado Mexicano, considerada de buena fe, como lo es la PGR, la que generó tensiones en la lucha por la presidencia de la República; sobre todo, cuando hay casos escandalosos de corrupción, con fondos públicos, que no se investigan, esclarecen, ni castigan, como los centenares de denuncias de la ASF. No se entiende la celeridad con que la PGR para investigar a Anaya y el desinterés por integrar y consignar penalmente a los involucrados en la corrupción de Odebrecht.
Tampoco puede soslayarse que en la lucha por la presidencia de la República están en juegos poderosísimos intereses políticos y económicos y el mismo rumbo del país, pero precisamente por ello el gobierno federal y el PRI deben ser los más interesados en generar las condiciones de civilidad para la contienda.
Partidos y candidatos están obligados a ceñirse al marco jurídico que norma las disputas por cargos de elección popular, y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, gane quien gane, pero más obligado a ello está el Poder Público. Usar las instituciones para destruir política y electoralmente a los adversarios es tanto como sembrar los gérmenes de un conflicto poselectoral de consecuencias imprevisibles, pernicioso para las condiciones indispensable para la convivencia armónica de los mexicanos.
