*El gobierno debe crear un servicio gratuito de peritos en varias disciplinas: abogados.
Los indiciados por delitos graves o de cierta complejidad quedan en desventaja en el nuevo sistema de justicia penal si no tienen dinero para allegarse los elementos de pruebas de descargo, aseveró José Luís Altamirano Barrueta, abogado postulante.
Aclaró que el objetivo de esta modalidad de administración es pertinente, pero debe perfeccionarse para que tenga eficacia y rinda beneficios pues, en el caso de los juicios orales, “los acusados pobres quedan en la indefensión, por falta de dinero”.
“Hay delitos en los cuales resulta extremadamente difícil probar la inocencia, porque para ello se necesitan elementos de pruebas de descargo que cuestan dinero, por lo que el riesgo de que un preso sea condenado aun siendo inocente es alto”, advirtió el profesional del derecho.
Como ejemplo citó que el agente del ministerio público dispone de muchos recursos tecnológicos para sus actuaciones, porque la Fiscalía General de Justicia tiene presupuesto para dotarlos, lo cual no ocurre con los defensores, y menos con los defensores públicos de reos pobres.
Si hay una acusación falsa, para desvirtuarla o desvanecerla se requieren elementos periciales y de otra índole para acreditar, por ejemplo, que el acusado no estuvo en el lugar, ni en el tiempo, ni en las circunstancias en que se cometió el delito.
Un preso sin recursos económicos no puede pagar peritos en distintas disciplinas para probar su inocencia, y eso da como resultado que se condene a inocentes, insistió Altamirano Barrueta.
DEBE PROPORCIONAR EL GOBIERNO PERITOS
El abogado postulante consideró indispensable que el servicio de defensores públicos debe complementarse con un departamento de peritos de oficio; es decir, que no cobren sus servicios, para apoyar a los acusados sin dinero para pagarlos por su cuenta.
De otra manera, advirtió, “este tipo de reos estará siempre en desventaja frente al ministerio público, porque su defensa, sea pública o particular, no podrá aportar pruebas para desvanecer los cargos, que cuesta reunirlas”.
Sin ese apoyo gratuito de peritos, seguirá el problema de los inocentes condenados y los culpables libres, porque cuando se inculpa a un ajeno a los hechos, el verdadero responsable queda impune, concluyó.
