*Particulares invertirán 2 mil 888 mdp y cobrarán 48 mil 240 MDP por 2 hospitales.
La Ley de Asociación Público-privado, elogiada en exceso por Gerardo Ruiz Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Mikel Arriola, cuando era titular del IMSS, muestra ya sus desventajas para la sociedad y el erario, y conveniencia excesiva para los particulares.
Mediante contratos parecidos a los proyectos de prestación de servicios o los antiguos PIDIREGAS, con una baja inversión en obras públicas de infraestructuras para servicios, los particulares favorecidos obtendrán descomunales beneficios del erario público.
De acuerdo con información del IMSS, su hospital de García, Nuevo León de 240 camas, requerirá una inversión de mil 887 millones de pesos, y por los conceptos de construcción, mantenimiento, operación y administración, en 30 años el Instituto pagará 31 mil 622 millones de pesos.
El pago final será mucho mayor, porque cada año el monto se ajustará al índice de la inflación, y dentro del presupuesto anual se dará prioridad al cumplimiento de este compromiso sobre otros.
Lo mismo ocurrirá con el nosocomio de 144 camas que el Seguro Social tendrá en de Bahía de Banderas, Nayarit, cuya inversión por la empresa concesionaria será de mil 010 millones de pesos y al final de 30 años el organismo habrá pagado cerca de 20 mil millones de pesos, más los aumentos anuales por inflación.
La garantía de grandes, exageradas y onerosas ganancias para los particulares, a costa del erario, será legal, porque la citada legislación de 2012 lo permite, aunque habría que ver si no socialmente es mejor construir la infraestructura con créditos.
En esto también participan gobiernos estatales. El de Baja California, con el esquema de asociación público-privada, entregó la construcción, operación, mantenimiento y administración de una planta desaladora de agua del mar, para potabilizarla y destinarla al consumo de la población del municipio de Rosarito.
La situación es peor en cuanto al procedimiento utilizado para obtener autorización legislativa para el contrato. La sesión en que se aprobó la contratación no reunió con el quórum indispensable y se convocó sin el tiempo fijado por la legislación, por lo cual el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, los diputados rechazan que el gobierno se convierta en deudor solidario de la empresa favorecida con el proyecto, porque si ésta no paga el crédito, lo pagarán los contribuyentes bajacalifornianos.
La información no es precisa en cuanto a la inversión en el proyecto, pero sí en que no pasará de 10 mil millones de pesos, por la cual cobrará 150 millones de pesos anuales garantizados por el gobierno estatal durante un período de 37 años, más ajustes por inflación, por lo que se calcula que el organismo de agua cubrirá más de 60 mil millones de pesos en esta asociación público-privada, si la SCJN avala la autorización legislativa irregular y cuestionada.
