De concluir su trámite legislativo y entrar en vigor, será de importancia histórica la reforma constitucional que les quitará el fuero a todos los servidores públicos, desde el presidente de la república hasta los alcaldes.
Es previsible que el Senado no se oponga a lo aprobado por los diputados federales; sobre todo, porque para cuando la reforma sea promulgada, al presidente Enrique Peña Nieto le quedarán pocas semanas en el cargo, si no es que ni siquiera le toca promulgarla. Ahora lo más importante será legislar también para destruir la red institucional que le da impunidad a los corruptos.
Diversos expertos opinan que de promulgarse la reforma por el próximo presidente, no solo éste sino las demás autoridades electas antes de esa promulgación seguirían protegidas por la figura del fuero; es decir, todas las autoridades que se renuevan este año gozarían de fuero, y solo aquellas que se renueven a partir de diciembre lo perderán.
Lo que causa controversia es qué pasará si es Peña Nieto quien finalmente promulga la reforma antes de terminar su mandato, pues en entidades como el del Estado de México este año se renuevan autoridades municipales y el congreso local, y ambas comienzan su gestión en fechas distintas, y en el caso de los ayuntamientos, estos la comenzarán hasta el primero de enero de 2018; sin embargo, el cargo por el que competirán goza en este momento de fuero y no se le podría aplicar la reforma en forma retroactiva. Y sería el mismo caso para los procesos federales concurrentes; es decir, quienes sean electos senadores, por ejemplo, gozarían seis años con fuero, y por lo tanto impunidad.
Finalmente, no está claro si tanto la figura del presidente como la de los senadores perderían el fuero hasta el 2024 y los diputados federales en 2021- también en ese año las autoridades locales mexiquenses- o a partir de cuándo sería. Pero en el caso del resto del país y los demás poderes, lo perderían conforme se vayan renovando después de promulgada la reforma.
