Los partidos políticos mexiquenses sustituyeron a más de 50 candidatos a diputados locales, alcaldes y regidores. Están en su derecho y dentro de los plazos establecidos por la ley para hacerlo, pero hay información de que en varios casos los abanderados renunciaron a sus aspiraciones por amenazas de grupos criminales, lo cual es grave.
Lo peor es que ni siquiera pueden denunciar con nombres y apellidos a quienes los obligaron a abandonar la lucha antes de comenzarla oficialmente, porque temen represalias.
La situación parece haber afectado a militantes de diferentes partidos y en municipios importantes políticamente.
