Es reprobable que dependencias del gobierno federal hayan utilizado a las universidades públicas para desviar recursos públicos, y ahora la extitular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, diga que debe investigárseles por esa triangulación de fondos públicos federales, porque ella “nada malo” hizo.
Y advirtió que si esas universidades subcontrataron empresas fantasma para cumplir con los contratos de servicios, “deben responder por ello”, incluso exigió a la PGR terminar de integrar las carpetas de investigación de esos casos para sancionar cualquier delito cometido.
Estos señalamientos contra las universidades públicas, más allá de si tienen base o no, forman parte del embate del grupo neoliberal en el poder que por razones ideológicas no quiere a las instituciones públicas de educación superior.
Sostienen, muy convencidos, que en esos centros de alta cultura se forman sus adversarios ideológicos que reivindican el nacionalismo y están contra el entreguismo. Y cualquier ocasión que se les presenta para atacarlos o desprestigiarlos, es aprovechada puntualmente.
Lo que también debería exigir Robles Berlanga es que se investigue hasta dónde llegaron cada uno de los pesos y centavos de esos contratos; es decir, en la bolsa de quién se quedaron.
