(Segunda y última parte)
El libre ejercicio del periodismo exige rigurosas condiciones éticas y ausencia de conflicto de intereses. No se puede usar a cabalidad la libertad de expresión cuando hay compromisos mercantiles del informador, analista profesional o de las empresas de medios informativos con el poder público. Esos vínculos comerciales pueden ser legales, pero no éticos, porque generalmente involucran tráfico de influencias.
En estas circunstancias debe ubicarse el “caso Ricardo Alemán”, un columnista con 60 contratos con instituciones públicas, según su propia confesión. Fue despedido de Televisa y del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (al momento de escribir este texto se anunciaba su reincorporación al IPN, tema motivo de un futuro análisis), además de ser alejado de “Milenio Diario”, después de que en forma irresponsable reprodujo en su sitio de internet un mensaje en el cual se sugería atentar contra Andrés Manuel López Obrador.
Alemán representa la cara opuesta de lo que fue el periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas, ejecutado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Éste no creó empresas para venderle servicios a instituciones oficiales, ni aprovechó su notoriedad para beneficiarse económicamente en demasía, en abuso de su influencia en la opinión pública.
El comportamiento valiente de Valdez en su desempeño como reportero, columnista y escritor le costó la vida. No guardar silencio frente a los problemas de inseguridad y sus causas le granjeó malquerencias de grupos criminales que sintieron afectados sus intereses ilícitos por sus textos publicados, y ordenaron su muerte.
Ricardo Alemán, en cambio, logró acumular una considerable fortuna, según lo difundido por un conocido analista de temas internacionales, pero muy bien informado sobre asuntos nacionales. No acusó al periodista de haberse enriquecido ilegalmente, sino de haber obtenido grandes beneficios económicos de sus vínculos comerciales con el poder público, facilitados por su condición de columnista.
No obstante, Alemán no es el único, ni el principal beneficiario con y por conflicto de intereses. En esto son las grandes empresas propietarias de medios de comunicación de cobertura nacional las mayormente favorecidas. Son públicos los contratos de miles de millones de pesos obtenidos por los dueños de “Imagen Televisión” para obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
No se necesita de mucha inteligencia para percibir qué política informativa y analítica pueden aplicar los medios impresos y electrónicos de esa familia cuando se discuten los problemas de esa megaobra, ni los efectos adversos de la misma situación en el ejercicio de la libertad de expresión de sus reporteros y analistas cuando tratan el caso.
A Javier Valdez Cárdenas lo asesinaron los intereses criminales exhibidos en los textos publicados por la víctima, en un claro ataque a la libertad de expresión y al derecho constitucional de los mexicanos a estar bien informados, mientras los conflictos de intereses sólo matan la libertad de decir la verdad y fomentan el ocultamiento de la misma, en perjuicio de los lectores, radioescuchas o televidentes.
