*El PAN sostiene que programas sociales en este tiempo son inconstitucionales.
Más de 405 mil mexiquenses fueron incorporados al padrón de los beneficiarios del Seguro Popular en los últimos 8 meses, informó el gobierno estatal. Los protegidos por este programa tienen acceso a servicios médicos gratuitos, aun los que son costosos en la medicina privada, como el cáncer.
Mientras tanto, el PAN acudió a las autoridades judiciales federales para denunciar una presunta inconstitucionalidad por la permanencia de programas sociales en estos tiempos de procesos electorales.
Como autoridades responsables de los actos reclamados ubicaron al Poder Ejecutivo estatal y al Poder Legislativo. Este último, por haber decidido qué programas sociales debían suspenderse y cuáles necesitaban continuar.
Miguel Sámano Peralta, diputado local, coordinador de los legisladores locales del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la representación popular mexiquense consideró pertinente la permanencia de varios programas sociales.
Destacó que el apoyo alimentario a los grupos vulnerables no puede interrumpirse por los procesos electorales en marcha, pues eso perjudicaría a la población con mayores problemas económicos para comprar comida.
El panismo, por su parte, atribuye fines clientelares a la entrega de ayuda a la población más pobre del Estado, porque tratan de convencerla para votar en favor del PRI mediante estos programas, además de que la ejecución de estas acciones viola artículos constitucionales relacionados con la equidad en las contiendas electorales.
Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva si pueden seguir los programas sociales cuya continuidad fue autorizada por el Poder Legislativo, o si deben suspenderse mientras estén las contiendas electorales.
