En la ejecución de algunos periodistas es probable la existencia de móviles diferentes al del interés de impedir el ejercicio de la libertad de expresión o al de represalia por haberla ejercido, pero deben ser los menos: la mayoría de estos ataques mortales contra informadores profesionales son por detectar y difundir los vínculos o protección de algunos segmentos del poder público con la delincuencia organizada.
En todo caso, la muerte violenta e intencional de los periodistas no puede desvincularse del escenario de alta violencia criminal e inseguridad pública prevaleciente y creciente en el país, cuyo combate y erradicación es obligación constitucional ineludible y justificación de la existencia del Estado Mexicano.
No obstante, los ataques, limitación o supresión en la práctica de la libertad de expresión no revisten solamente la forma de ejecución, desaparición y amenazas a periodistas, por cuenta de agentes gubernamentales en un 60 por ciento y 40 por ciento por parte de grupos criminales, según organizaciones internacionales de informadores profesionales.
La aplicación del gasto público aprobado para difundir actividades de los gobernantes constituye el más eficaces instrumento del poder público para impedir el ejercicio de la libertad de expresión, principalmente en los estados y regiones del país, donde los medios informativos dependen casi en su totalidad de los ingresos provenientes de esa partida
No ocurre lo mismo con los medios informativos y periodistas de la capital de la República, donde el poder público les deja considerables márgenes de libertad, a pesar del gasto de 46 mil millones de pesos destinados al pago de publicidad sólo por el Poder Ejecutivo, en este sexenio. No condiciona los pagos de publicidad al silenciamiento y ocultamiento totales de las fallas del gobierno, como pasa en los estados.
Tampoco la violencia criminal alcanza a reporteros y analistas de los grandes medios radicados en la Ciudad de México. La casi totalidad de las víctimas mortales en el campo periodístico laboraba en modestos diarios, revistas, noticieros de radio y televisión o portales digitales de las entidades federativas.
La violencia criminal ha silenciado a los medios informativos y periodistas en muchas regiones del país, suprimiendo el derecho a la libertad de expresión, pero lo mismo han hecho las autoridades estatales y municipales mediante el ejercicio discrecional y condicionado del pago de publicidad, en una situación atentatoria contra el derecho constitucional de la sociedad a estar oportuna y bien informada.
En las zonas del país con intensas actividades de la delincuencia organizada es ésta quien marca la línea informativa y analítica de los medios, pero hace lo mismo el poder público mediante las partidas presupuestales destinadas a propaganda, lo cual explica la presencia dominante en las páginas de los medios impresos y en los noticieros electrónicos, incluyendo los cibernéticos, de boletines y ausencia de crítica a cuanto hace mal o no hace el poder público, en una situación socialmente perniciosa.
