Pese a que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), afirmaron que fortalecen las acciones de vigilancia para garantizar la conservación, así como la protección y el cuidado de los recursos naturales, los resultados publicados por la Plataforma global Forest Watch indican que de 2015 a 2016 México perdió 253 mil hectáreas de bosque y selva, la mayoría en Chiapas y la Península de Yucatán. La deforestación aumentó 37% en el país en el periodo: de 184 mil hectáreas a 253 mil hectáreas.
Es así como se configura la crisis forestal por el deficiente control ejercido por las autoridades. Donde se constata que el gobierno tampoco ha cumplido en el ofertar opciones productivas a los taladores ilegales en programas productivos, y los habitantes de zonas forestales siguen viviendo en pobreza. Es decir, sabemos que un alto porcentaje de la madera obtenida ilegalmente es la que sostiene al mercado maderable, y que los que la comercializan obtienen beneficios cuantiosos, mientras los que talan y dejan sus campos en verdaderos desiertos siguen padeciendo carencias.
¿Dónde están los apoyos del gobierno en la materia?
El discurso oficial habla de apoyos, pero llegan sólo a unos cuantos. En la explotación y aprovechamientos de madera, materiales pétreos no se toma en consideración, y las afectaciones a los ecosistemas, a la biodiversidad. Se privilegian cultivos comerciales, se cambia el tipo de cultivos como la siembra del aguacate, soya y la palma de aceite, en zonas con vocación forestal.
El gobierno federal actual se comprometió a reforestar ¡Un millón de hectáreas! Meta alcanzada hoy en un 88.5 por ciento según los responsables. La Profepa menciona que de 206 a 2017 se han realizado 997 recorridos de vigilancia más 456 operativos en materia forestal. Se han clausurado 146 aserraderos y se ha asegurado 48 mil 146 metros cúbicos de madera en rollo, y se han producido 847 toneladas de carbón vegetal, ¿Cuál es la evaluación final entre lo sembrado y lo arrasado? No se especifica por los responsables de la política ambiental y forestal.
Surgen las interrogantes: ¿Cuál ha sido el destino de lo incautado? ¿Quién se beneficia? Es legítimo preguntar ¿Qué destino se da a todos los miles de metros cúbicos de madera en rollo en rollo aprovechados? ¿Ingresará el monto de su venta al Patrimonio Nacional? ¿Será la SHCP la beneficiaria de estos recursos? o ¿Quedará en manos de funcionarios? Se supone que la modalidad de servicios ambientales debería estar presente. De no ser así ¿Qué sucede con estos recursos? ¿Quién garantiza la permanencia del recurso propuesta por el concepto de desarrollo sustentable? Las clausuras se deben a que no hay autorización, sin embargo, las autorizaciones las dan las mismas dependencias, entonces ¿Cómo se contribuye a la recuperación forestal?
Mientras tanto es un hecho la depredación de los bosques en la entidad. Tan sólo en los bosques de Amecameca, en la zona del Izta-Popo la tala clandestina se ha incrementado en un 500 por ciento de 2012 a la fecha, por la omisión de la Profepa, que no cumple su obligación, como lo afirmó el expresidente de los bienes comunales, Fernando Cisneros Velázquez.
La Comisión Nacional Forestal aumentó su presupuesto en más de 3 mil 200 por ciento, desde su creación en 2001; es decir, 32 veces, sin que las acciones logren erradicar la tala clandestina, el pastoreo, los incendios y la explotación irracional de bancos de arena y material pétreo.
En lo social el aumento presupuestal de la CONAFOR se ha dado sin que la situación de pobreza y miseria de los 13 millones de habitantes de zonas arboladas haya mejorado. De acuerdo a datos del INEGI continúan en las mismas o peores condiciones de pobreza que antes. Los hechos muestran así un despliegue de recursos para conservar las zonas forestales del país, un marco jurídico que norma los aprovechamientos “legales”, sin embargo la falta de supervisión y el abandono de las zonas forestales y sus habitantes muestran la otra cara, la del desastre forestal que aqueja al país y en especial al Estado de México.
Urge que las instancias estatales PROBOSQUE y SEDAGRO se coordinen con SEMARNAT, la CONAFOR y la PROFEPA. El ecocidio forestal en el Estado de México debe terminar. La política forestal ha incrementado el número de campesinos pobres que se ven obligados a dedicarse a la tala, la explotación irracional de recursos forestales, con el agregado que conservan su pobreza y empobrecen los ecosistemas, la deforestación agudiza la crisis ambiental, favorece el cambio climático. Es tiempo de retomar la senda del manejo racional de los bosques. Continuará.
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