*Donald Trump y la Falta de Dinero Salvaron a los Obreros.
Uno de los muchos sectores perjudicados por el neoliberalismo impuesto en 1982 fue el movimiento sindical. Sus dirigentes colaboraron con quienes al final los debilitaron y dejaron convertidos en figuras decorativas, aunque enriquecidas. Desde sus cargos en las cámaras del Congreso de la Unión aprobaron las sucesivas reformas contrarias a los intereses laborales de sus representados.
Sin el mínimo intento de resistir, dieron su voto a la privatización del régimen de seguridad social, específicamente a la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). Éstas obtienen ahora ganancias por cerca de 35 mil millones de pesos al año, sin correr riesgo alguno de pérdidas, como sí lo enfrentan todas las demás empresas, por la sencilla razón de no manejar dinero propio, sino de los asalariados.
Esa bonanza la obtienen a costa del bienestar de los futuros jubilados, quienes recibirán pensiones financiadas por sus propios ahorros depositados en esas empresas particulares y, de acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro (CONSAR), esos ingresos serán de entre el 25 y el 28 por ciento del último salario.
Es decir, quienes al momento de cumplir los años de servicio y el número de semanas cotizada para ello obtengan su jubilación, si ganan seis mil pesos mensuales, percibirán como pensión entre mil 500 y mil 680 pesos cada 30 días, con la desventaja adicional de que serán personas de la tercera edad. Esta situación se legalizó en 1997, con el voto de los dirigentes sindicales con curules o escaños en el Congreso de la Unión en esos momentos.
Siguieron otras modificaciones legales, incluso constitucionales, perniciosas para quienes viven de vender su fuerza de trabajo, hasta llegar al marco jurídico que legalizó la intermediación en el proceso de contratación de personal; es decir, la creación de empresas dedicadas a proporcionarles trabajadores a otras compañías, para quitarles obligaciones patronales al dejar de tener relaciones laborales con el personal a su servicio.
Los trabajadores ya no acumulan ahora antigüedad en sus centros laborales y muchos tampoco son incorporados al régimen de seguridad social, para quedar en completa indefensión, porque sus instrumentos de lucha y protección, como lo son o deberían ser los sindicatos fueron debilitados, al grado de que casi nada se sabe de estas organizaciones.
La última fase de la reforma laboral iba a resultar mucho más perniciosa, porque las empresas especializadas en “outsourcing”, como se le dice al sistema de terciarización en la contratación de personal, podrían constituirse aun cuando no reunieran los requisitos de ley exigidos por la legislación laboral vigente. Les bastaría con estar inscritas en el IMSS y en la SHCP para poder dedicarse a atropellar los derechos de los asalariados.
Estos últimos cambios incluían la desaparición de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y su sustitución por tribunales dependientes de los poderes judiciales, recordó el sindicalista Jorge Díaz Galindo. No obstante, como la congelada última fase de la reforma laboral fue impuesta por Estados Unidos dentro del Acuerdo Transpacífico, y Trump abandonó ese pacto, ya no será aprobada: perdió el sentido de urgencia. Además, no hay dinero para constituir los tribunales laborales, por lo que al final el justificadamente detestado Trump salvó a los asalariados mexicanos.
