*Siguen ejecuciones y atentados contra candidatos a cargos de elección popular.
En una situación grave e inconveniente para la democracia y la gobernabilidad en los estados, continúan las ejecuciones y atentados contra políticos de dimensión local, aspirantes a cargos de elección popular.
Al cierre de esta edición de “El Espectador”, con la muerte del exalcalde de Piedras Negras, Coahuila y candidato a diputado federal del PRI por el primer distrito de ese estado, Fernando Purón Johnston, las víctimas de ejecuciones sumaban 112 en el país, según un recuento de un organismo especializado en estos temas.
Esta acumulación de atentados mortales es del 8 de septiembre del año pasado a la fecha, en la cual las agresiones a abanderados de distintos países en de todos los partidos y en varias entidades se aproximaban a 400, situación nunca vivida en tiempos de paz.
Varias organizaciones no gubernamentales, como el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero” (CDHZL) consideraron por demás grave las ejecuciones de políticos, que si bien ocurren en un escenario de alta inseguridad pública y violencia generalizadas, en estos casos tienen como características privar de la vida a quienes buscan ser autoridades o representantes populares locales.
Analistas políticos llaman la atención sobre un grave elemento adicional en esta violencia asesina contra políticos: el de que en la práctica los grupos criminales autores de los atentados mortales contra candidatos anula en la práctica la naturaleza pacifica y civilizada de la lucha electoral.
El problema se complica con la renuncia obligada de muchos candidatos a cargos de elección popular a escala de ayuntamiento, intimidados por las amenazas de la delincuencia organizada.
Purón Johnston buscaba una posición en la Cámara de Diputados Federal, pero son pocos los políticos ejecutados que aspiraban a un cargo del ámbito federal. La abrumadora mayoría luchaba por diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías.
Esta circunstancia arraiga la creencia de que los autores son grupos criminales interesados en tener próximas autoridades municipales a su servicio, y en este objetivo la delincuencia organizada de alcance local no deseaba como gobernantes a las víctimas.
Desde esta hipótesis sus actuaciones asesinas pudieron estar motivadas por el interés de favorecer a políticos locales dispuestos a servirles cuando se conviertan en alcaldes, síndicos o regidores.
De esta forma en la práctica están atentando y anulando el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades y representantes populares, ante la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para garantizarles a los votantes esa libertad.
La situación se agrava por el hecho de que casi todos los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones y ataques a los candidatos a cargos de elección popular se encuentran gozando de impunidad, y eso alienta la comisión de estos delitos.
