Tipificar la corrupción y el tráfico de influencia como delitos graves, sin derecho a la libertad bajo fianza, como se decía antes, tendrá efectos positivos en la lucha contra ese cáncer, pero implicará riesgos para el gobierno de López Obrador; sobre todo, porque se afectarán grandes y poderosos intereses económicos que se han beneficiado y acumulado sus grandes fortunas, que los tienen en la lista de los más ricos del mundo, gracias a sus vínculos con el poder público.
La venta de empresas públicas a precios de regalo, los contratos de obras públicas, de bienes y servicios con sobreprecios, concesiones para explotar bienes públicos, la condonación de impuestos y muchos privilegios más, explican el enriquecimiento de las cúpulas empresariales, las cuales se irritarán mucho si les suprimen esos privilegios.
En lo de sobreprecios en sus tratos comerciales con el poder público participan también medianos, pequeños y microempresarios, pero su número es insignificante si se compara con los millones y millones de empresarios que no le venden obras, bienes o servicios a los gobiernos.
