Nada informan las autoridades de los resultados de las investigaciones de las ejecuciones de cerca de 150 políticos entre candidatos, dirigentes, activistas, alcaldes, regidores y síndicos en funciones, ocurridas en las campañas electorales. Las muertes siguen impune y sus autores materiales e intelectuales siguen operando en los sitios en los cuales se desenvolvían esos políticos. Los gobiernos estatales y federal proceden como si nada hubiera ocurrido. No tocan a los intereses criminales.
