El gobernador Alfredo del Mazo Maza obtuvo del Poder Legislativo mexiquense autorización para renegociar los términos, condiciones, tasas de interés y plazos de una deuda pública estatal de casi 43 mil 400 millones de pesos, por cuyo proceso de búsqueda y firma de acuerdos cubrirá a los bancos acreedores casi mil 100 millones de pesos.
Era previsible el otorgamiento del permiso solicitado, tomando en cuenta el peso mayoritario de la bancada del PRI y sus aliados en la representación popular mexiquense. Está por verse, en cambio, el alcance de los beneficios para el erario, derivado de esa reestructuración del débito, pero la misma necesidad de cambiar y prolongar el tiempo para amortizar el principal revela problemas severos de disponibilidad presupuestal.
De otra manera no sería necesario buscar una renegociación de la deuda, a sabiendas del costo del refinanciamiento, pues los bancos no son hermanas de la caridad, y menos en México, donde gozan del derecho para explotar a sus clientes hasta niveles de usura, o como dirían los campesinos: “jamás dan paso sin huarache”.
La autorización se obtuvo a pocas semanas de cumplirse el primer año de gestión del mandatario mexiquense, y no estuvo precedida de información suficiente a la población sobre las condiciones presupuestales y financieras del gobierno, en una omisión alejada de los requerimiento de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos democráticos.
En estos aspectos (transparencia y rendición de cuentas) el gobernante no ha querido o, más grave, no ha podido atender los requerimiento ciudadanos que le exigen información total sobre las condiciones como encontró a la administración pública heredada de Eruviel Ávila Villegas, durante la cual el INEGI exhibió al Estado de México con una corrupción ciento por ciento superior a la medida nacional, considerada ésta como la segunda más alta del mundo.
Este semanario documentó todo ese tiempo -y soporto las represalias por ello- la enorme ineficacia en la aplicación de los fondos públicos, abundantes como nunca en la historia, por la generosidad del gobierno federal encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. Los ríos de dinero no se tradujeron en acciones gubernamentales para elevar los niveles de bienestar de la población mexiquense, en grandes obras o siquiera en el mejoramiento de los servicios o un trato digno a los contribuyentes.
Al contrario, al finalizar el sexenio eruvielista los mexiquenses en la pobreza eran dos millones más que diez años antes, sin que exista información sobre el destino de los fondos públicos ejercidos en esa administración para supuestamente combatir el problema. Y a juzgar por la necesidad de reestructurar la deuda pública, tampoco hubo manejo responsable ni eficiente en este tema.
Es probable que por razones de transparencia del Mazo Maza aproveche su primer informe para, ahora sí, ‘informar’ con abundancia sobre las condiciones en la cuales su antecesor en el cargo le heredó el Estado y la administración pública. Debe hacerlo también por conveniencia, pues el ocultamiento de esa realidad le impide construir un liderazgo en el Estado y obtener comprensión de sus gobernados sobre los escasos grandes resultados de su gestión en el primer año al frente de los destinos de la entidad federativa más poblada del país.
