*Los cambios a la Legislación laboral destrozaron el sistema de protección de los asalariados.
Los salarios alcanzaron su mayor poder de compra en 1976, en el último año del sexenio del “satanizado” presidente Luís Echeverría Álvarez, cuando el experimentado político e intelectual Porfirio Muñoz Ledo, ahora diputado federal electo, era titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Los derechos e intereses de los trabajadores eran entonces bien tutelados por las autoridades de la materia, y adicionalmente se instituyó un eficaz sistema de apoyos en beneficio de la clase laboral como el FONACOT, el Instituto Nacional de Protección al Consumidor y la PROFECO. En esos tiempos funcionaban con eficacia.
La situación económica de quienes viven de vender sus fuerza de trabajo comenzó a cambiar en sentido desfavorable en los últimos años del sexenio de José López Portillo, como preámbulo a cuanto vendría con la implantación de modelo económico neoliberal, iniciado por Miguel de la Madrid y profundizado con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y llevado al extremo con Enrique Peña Nieto.
Los cambios a la legislación del trabajo, especialmente los efectuados en los últimos sexenios, desmantelaron no sólo el sistema de protección, sino también destrozaron las conquistas logradas por la clase asalariada desde la Constitución de 1917. En estos momentos las autoridades abandonaron en la práctica su obligación de tutelar los derechos de los trabajadores, a lo cual están obligadas, por tratarse de la parte débil de la relación obrero-patronal y de los factores de la producción y regirse por el derecho público y social.
Uno de los cambios más perniciosos para los dependientes de un salario es el del desconocimiento y supresión de facto de garantías como la jornada laboral de 8 horas diarias, con pago de 48 a la semana. La mano de obra es explotada por más tiempo, sin pago de horas extras, además de la supresión del derecho de hacer antigüedad en los centros laborales y el desplome del poder adquisitivo de los salarios.
Con el beneplácito de las autoridades, un alto porcentaje de empresas grandes y medianas (curiosamente las pequeñas no recurren a esa práctica anti-laboral) legalmente no tienen relaciones directas de trabajo con el personal a su servicio. Éste pertenece a empresas intermediarias, conocidas como “outsourcing”, la expresión más brutal contra los intereses de los trabajadores y la negación de sus derechos.
En esta forma despiadada de explotación destaca el segmento empresarial dedicado a la verdadera usura, conocido como sistema bancario nacional o sistema de nacional de pagos. Según el dirigente sindical cetemista mexiquense Jorge Díaz Galindo, estas corporaciones, que este año obtendrán ganancias por más de 150 mil millones de pesos, reconocen como empleados directos a sólo un mínimo porcentaje de su plantilla laboral. Con el resto no tiene obligaciones patronales, porque legalmente pertenecen a las “outsourcing”.
Por lo mismo, esos trabajadores y trabajadoras no están generando antigüedad, ni mucho menos tienen derecho a reparto de utilidades, porque aunque parezca absurdo no son personal de los bancos, en un claro ejemplo de los efectos perniciosos de los cambios a la norma del trabajo, impulsados por los gobiernos neoliberales, con la complacencia y complicidad de las cúpulas del movimiento sindical del país, lo cual debe revisarse y corregirse.
