*Armó mal PGR caso Gordillo. *“Betito”, sin orden de captura. *Tres mil homicidios en julio.
No está a discusión que la captura aquí en Toluca y encarcelamiento por 5 años y cinco meses de Elba Esther Gordillo, quien fuera poderosísimo personaje político y sindical, tuvo motivaciones políticas, relacionadas con la reforma educativa, según un análisis de “El Espectador” a numerosos casos penales.
Pudo responder a razones de la misma naturaleza su exoneración, pero también es claro para los especialistas en derecho penal y derecho procesal penal que su liberación fue un duro revés a la imagen y credibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), por haber resultado incapaz de armar bien la acusación penal o hacerlo a propósito.
La PGR arraigó la impresión de haber dejado deliberadamente abiertos en el pliego de consignaciones grandes boquetes en materia de procedimientos y fondo para propiciar en el momento oportuno la libertad de la exlideresa del SNTE. Además, no la acusó de enriquecimiento ilícito, que pudo hacer porque era servidora pública: cobraba aquí en el Estado.
Eso mismo piensa la sociedad con el anunció de que no pudo probar a Javier Duarte el delito de delincuencia organizada, siendo que el exgobernador veracruzano creó un sistema de empresas fantasma para saquear al erario, junto con cómplices.
“El caso Gordillo”, al igual que el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, fueron fracasos del primer titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, en cuya gestión se abrieron ambas frustradas investigaciones, pero nada mejoró después.
La mala imagen de la PGR no es gratuita; al contrario, es producto de sus deficiencias, incapacidades o dolo al integrar los expedientes contra presuntos delincuentes, para facilitarles su libertad o evitar la expedición de órdenes de aprehensión.
En contrapartida, en este sexenio tuvo actuaciones que generaron sospecha de su uso político para afectar a adversarios del PRI y proteger a altos funcionarios y cuadros de ese partido. En el primer caso estarían Elba Esther Gordillo Morales, Josefina Vázquez Mota y sus familiares, Napoleón Gómez Urrutía, Nestora Salgado y Ricardo Anaya Cortés.
En lo segundo están los casos de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX; los dirigentes Carlos Romeros Deschamps, de los trabajadores petroleros; Víctor Flores, del sindicato de ferrocarrileros y las 900 denuncias penales presentadas contra funcionarios públicos federales, gobernadores y exgobernadores, por grandes desvío de fondos públicos.
Otra gran falla de la PGR es la falta de integración de carpetas de investigación contra grandes y conocidos jefes de la delincuencia organizada: varios han sido capturados y entregados a Estados Unidos, que los reclama por delitos cometidos en México, como es el caso de narcotraficantes quienes jamás habían pisado territorio estadounidense, y que aquí no tenían siquiera orden de captura, a pesar de tener en México sus centros de operaciones.
El caso de “El Betito”, presunto jefe máximo de un grupo criminal violento y sanguinario de la Ciudad de México, es ilustrador al respecto: fue aprehendido en flagrancia, porque no tenía una sola orden de aprehensión, aun cuando eran ampliamente conocidas su participación en la delincuencia organizada.
Su condición de mando del presunto malhechor lo ubicaba en el ámbito de la justicia federal, pero la PGR no lo había acusado ante los jueces o lo había hecho mal, por lo que no había obtenido orden de aprehensión.
En el mismo tema de la violencia, Julio fue el más violento mes en 21 años: 3 mil 017 homicidios, en el Estado de México fueron 245. El sexenio peñista supera ya los 116 mil.
