*En todo el manejo de la información no se habla de las tierras aportadas por el gobierno.
Información oficial contradictoria o incompleta impide tener un conocimiento exacto sobre la situación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El debate sobre la continuidad o cancelación del megaproyecto no arroja luz sobre temas fundamentales para la sociedad.
Sólo se sabe que se trata de una obra ejecutada con la figura de “público-privada”, pero sin explicación precisa y suficiente sobre ese término ni su impacto en el gasto público federal. Hablar de proyecto con inversión público-privada no saca de la duda.
Antonio Lara Duque, dirigente del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), consideró a esa figura jurídica autorizada por la ley como un instrumento para la transferencia de fondos públicos a negocios privados, en una suerte de “Chucho el Roto” al revés: “quitarles a los pobres para darles a los ricos”.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario saliente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó hace meses que el gobierno no invierte en la construcción, porque lo hace la iniciativa privada, pero ahora en el debate sobre la cancelación o continuidad de la megaobra las propias autoridades sostienen que de no llevarse a cabo habría que indemnizar a los contratistas. Se supone que construyen para particulares.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) gastó ya 70 mil millones de pesos en la magna obra, casi toda la inversión ejercida hasta ahora, sin que se conozca cuál es la inversión privada y si el gobierno federal será socio también en las ganancias.
Lara Duque advirtió que el gobierno federal no sólo ha invertido cuantiosos recursos, sino también aportó las cerca de ocho mil hectáreas destinadas a esa terminal área, inversión adicional en especie, pero que no está claro si el valor de esos terrenos será incluido como capital de socio, para tener derecho a utilidades.
“No hay información sobre cuánto les costará a los contribuyente la construcción del NAICM, que es un negocio a explotar por particulares, como particulares son las empresas constructoras, pero tienen contratos con el gobierno, lo cual agrega más elementos de confusión al tema”.
Trascendió en los últimos días que la argumentación de la cúpula de las organizaciones de los más ricos de México en favor de la construcción de la terminal de aviones, porque será un negocio altamente rentable, con efectos positivos en la economía nacional, no tiene correspondencia con su posición frente a la figura de la concesión.
No les entusiasma invertir porque, aducen, el mantenimiento será excesivamente costoso y lo será más con el paso de los años. Si lo paga el gobierno, recibirán la concesión. Mientras tanto, información precisa y suficiente sobre la situación del megaproyecto no hay; mucho menos sobre lo que significa en el lenguaje común la figura legal de “público-privada”, que ya organizaciones sociales exigen se derogue.
