Mañana se registrarán tensiones en muchas ciudades del país, pero especialmente en Guerrero y la Ciudad de México, por el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa.
Hace poco radicales fueron a provocar a elementos del Ejército en sus propias instalaciones en Iguala. Es entendible la lucha de los padres de los jóvenes que se preparaban para ser maestros. El dolor es grande, pero se requiere mantener la actitud responsable que los ha caracterizado, y prudencia por parte de las autoridades, para evitar problemas mayores en un momento delicado del país; sobre todo, porque la transición se está apartando de la tersura que había tenido hasta hace pocos días.
Las autoridades federales insisten en que se trató de un hecho que debió esclarecer el gobierno de Guerrero. Esa apreciación genera polémica, lo cierto es que en Iguala operaba abiertamente la delincuencia organizada, como lo reconoció la PGR, y que combatirla, como en todo el territorio nacional, es obligación del gobierno federal, lo cual no hizo sino hasta que un grupo criminal desapareció a los normalistas.
Después desarticuló a esa organización, pero podría haberlo hecho antes del 26 de septiembre de 2014.
