LA APROPIACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS SE DA POR LA VÍA DE LA CONVENIDA INFLACIÓN DE PRECIOS
La corrupción en los gobiernos de todos los niveles se comete por una larga serie de acciones: desde la venta de empresas públicas a precios simbólicos, para justificar la enajenación del patrimonio público; la transferencia de bienes inmuebles a particulares en esas mismas condiciones; la condonación de impuestos a los grandes empresarios y la devolución de gravámenes pagados.
En el catálogo de actos corruptos figura la entrega de concesiones de carreteras, frecuencias del espectro radioeléctrico y la figura legal de “asociación público-privada”, mediante la cual los altos funcionarios canalizan grandes sumas de fondos públicos a los negocios privados de los amigos o empresarios corruptores. También usan empresas “fantasmas”.
Empero la modalidad favorita, preferida y más frecuente es la de los sobreprecios de las compras públicas de bienes y servicios, y particularmente de los contratos de obras públicas. Mediante convenios modificatorios posteriores a la firma de un contrato otorgado por ser la oferta más baja en las licitaciones. Al final resulta mucho más caro, hasta ciento por ciento más, que la oferta más cara, desechada precisamente por eso.
La confabulación de funcionarios corruptos con empresarios igualmente deshonestos y rapaces, para saquear el erario son adicionalmente actos impunes, porque el encarecimiento artificial de los bienes y servicios comprados y de las obras públicas contratadas en las mismas condiciones jamás se castiga.
Nada más es cuestión de hacer memoria para verificar cómo en el Estado de México jamás un funcionario público corrupto ha sido encarcelado por comprar con sobreprecios, como si eso no ocasionara daño al patrimonio público. La permisibilidad es absoluta, cuando en realidad estas acciones deberían ser tipificadas como de delincuencia organizada.
En la entidad mexiquense los sobreprecios de hasta el ciento por ciento sobre las cotizaciones del mercado al menudeo ni siquiera son dignos de la atención de las instituciones fiscalizadoras del gasto público de los gobiernos del Estado y municipios. Se ven como natural, incluso cuando una diputada del PRD denunció que los materiales que les entregaban del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) se pagaban ciento por ciento más caros que los precios de las pequeñas tlapalerías nadie se sorprendió, ni la situación cambios en absoluto.
La sociedad percibe esta realidad, y por eso no es casual el amplio respaldo popular que obtuvo la propuesta del presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, de que promoverá cambios legales para considerar delito grave a la corrupción y especialmente las compras de bienes y servicios y contratación de obras públicas con sobreprecio. Ese sería el más eficaz instrumento de combate el fenómeno, como lo adelantó el reconocido economista Roberto Güiza Guarneros.
