*Opondrán resistencia empresarios, quienes con funcionarios corruptos saquean al erario.
(Primera parte)
El anuncio de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se legislará para considerar delito grave el saqueo de fondos públicos y el tráfico de influencia apunta al corazón mismo de la corrupción: los contratos de obras públicas, compras de bienes y servicios con sobreprecios y la entrega del patrimonio público a particulares.
“El saqueo del erario por parte de la casi totalidad de los empresarios de todos los niveles, vinculados mercantilmente con el poder público y coludidos con funcionarios corruptos se da en los sobreprecios, hasta llegar a niveles de rapacidad”, sostuvo el académico e investigador de la UAEM, Roberto Güiza Guarneros.
Por eso, recalcó, “considerar delitos graves los daños al patrimonio público y castigar a los culpables con severas penas, sin derechos a la libertad bajo caución es una medida necesaria, urgente, pero no gustará a quienes han acumulado fortunas mediante los contratos pagados con sobreprecio, en contubernio con servidores públicos corruptos. Y opondrán resistencia”, previó.
A su vez, Héctor Díaz Aguirre, dirigente de la Asociación Nacional Anticorrupción (ANA), consideró indispensable tipificar la corrupción como delito grave y de delincuencia organizada, porque reúne los elementos del tipo penal de ese ilícito: participan generalmente más de tres personas, entre particulares y funcionarios públicos, quienes se ponen de acuerdo para saquear al erario.
Además, se coluden para actuar en varias ocasiones, incluso a lo largo de una gestión administrativa, si bien no tienen una estructura y jerarquía como los grupos delincuenciales comunes. Incluso debería castigarse con mayor severidad, por tratarse de servidores públicos y del daño al patrimonio de todos.
Güiza Guarneros, uno de los pioneros en el movimiento sindical de académicos de la UAEM, calificó como “muy pernicioso” para el interés público el tráfico de influencia en la entrega de bienes públicos, desde la riqueza petrolera hasta las minas, los bosques, el agua y las frecuencias del espectro radioeléctrico para canales de televisión y estaciones de radio.
Recordó que las más grandes fortunas del país tienen explicación en la venta a particulares de bienes públicos en una ínfima parte de su verdadero valor, la condonación de impuestos, la devolución de impuestos y la elusión del cabal cumplimiento de obligaciones fiscales.
Esta clase empresarial, integrada por un reducido número de patrones dentro del conjunto de millones de empresarios del país, está acostumbrada a los privilegios concedidos por el poder público, por ello si se les suprimen o reducen no sabemos cómo irán a reaccionar. “Lo que sí está claro es que no les gustará”, concluyó el universitario.
Por su parte, Díaz Aguirre destacó que si se castigan con severidad compras y contratos de obras públicas con sobreprecios, los funcionarios no incurrirán en esta modalidad de corrupción. Y no tanto por regenerarse, sino porque nadie se arriesgará a terminar en la cárcel, desprestigiado y su fortuna decomisada. En esta observación coincidió con Güiza Guarneros en cuanto a que la mejor forma de erradicar la corrupción es considerar delito grave el saqueo del erario, ahora impune por la red de protección institucional a corruptos.
