(Primera parte)
Durante el tiempo de la propaganda del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su sexto y último informe, padecida por los televidentes y radioescuchas, se evidenció una vez más la ficticia visión del poder público sobre diversos aspectos de la realidad nacional, contraria a como la vive la abrumadora mayoría de los mexicanos.
Por eso, lejos de convencer a la población de la realidad color de rosa expuesta, reconfirmó su percepción de lo contrario. El jefe de la nación perdió apoyo del poco que tenía, por cierto, porque mostró el creciente divorcio entre su convencimiento de los grandes logros de su gobierno y el sentir de la comunidad nacional sobre cada uno de los temas expuestos en las cadenas nacionales de radio y televisión.
En el caso de nuestro tema, fue increíble su aseveración del pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, cuando fue todo lo contrario. Desafortunadamente la realidad es diametralmente opuesta a la pintada por el mandatario saliente. Las cifras, los datos duros, crudos al respecto son por demás preocupantes.
De acuerdo con diversas cifras difundidas por agrupaciones profesionales de periodistas del país y del extranjero, de organismos de los derechos humanos como la CNDH, la ONU y la CIDH, hasta finales de agosto de este año 46 periodistas fueron asesinados en el país por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El número de ejecuciones de informadores y analistas profesionales rebasa esa cifra, porque inexplicablemente la relación excluye a reporteros de medios impresos o digitales modestos, sin nombre, ni reconocimiento más allá de sus pequeñas y alejadas poblaciones, pero aun dando como definitivo el número de 46, resulta demasiado grande como para ignorarlo y sostener que en este sexenio de respetó la libertad de expresión.
Por si fuera poco, hasta julio adicionalmente se habían documentado más de dos mil incidentes, desde leves hasta graves, contra periodistas y acompañantes, inclusive familiares, amenazas, actos de intimidación, obstrucción del trabajo, decomiso arbitrario de material informativo, ataques a instalaciones de medios informativos, y encarcelamiento y desapariciones. Esta realidad tiene ubicado al país como el de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo de todos los países del mundo que no sufren guerra civil u ocupación extranjera, contrariamente a la visión del poder público sobre el tema.
Este preocupante panorama nada tiene de respetuoso del ejercicio de la libertad de expresión, como lo sostuvo y sostiene el presidente Enrique Peña Nieto. Y si bien es cierto que casi todas las ejecuciones de periodistas ocurrieron en ciudades y regiones de entidades federativas, no en la ciudad asiento de los poderes federales, no lo es menos que garantizar el derecho a informar y analizar en cualquier parte de la República es obligación también del gobierno federal.
