*Problemas de inseguridad pública y cifras negras padecidos por el pueblo e ignorados en su magnitud real.
La población mexiquense es la más angustiada del país ante el miedo ocasionado por las actividades de la delincuencia. Ni en los estados donde aparecen cuerpos desmembrados o incinerados sus habitantes viven con tanto temor a los malhechores como en el nuestro. Información del INEGI, correspondiente a 2017, explica esta situación anímica colectiva de la entidad: la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, de 39 mil 369 casos en la República, en el Estado de México alcanza los 46 mil 705; es decir, cerca de 7 mil 340 casos más sobre la media nacional.
La diferencia representa cerca del 20 por ciento sobre el promedio del país, considerado muy elevado, lo cual refleja la gravedad y frecuencia de los actos criminales contra una población pacífica, trabajadora e indefensa ante los grupos criminales y casi dejada a su suerte por las autoridades responsables de proteger sus vidas, integridad física y bienes.
Los mexiquenses viven con miedo porque están en medio de este panorama de elevados índices de actos delictivos. Ese temor no es producto de la paranoia, sino de la alta inseguridad y acciones de los delincuentes padecidas en lo personal, en la familia, amigos, vecinos y conocidos en la vida cotidiana, alterada por el mismo fenómeno criminal.
Resienten las actividades de quienes viven del daño que le ocasionan al patrimonio de los mexiquenses, pero desconocen la magnitud del problema a escala nacional, y tienen razón de sentir y expresar su miedo por la inseguridad pública y por el temor generado por las bandas criminales, especialmente los que asaltan a personas de bajos ingresos, como ocurre en las calles y en el transporte público.
La información estadística del INEGI no tiene sesgo, se trata de un órgano autónomo, pero parte del Estado Mexicano; es decir, es el resultado demoscópico de una institución pública, cuya obligación es la de exponer en cifras los distintos aspectos de la situación nacional.
El otro problema delicado es el de la alta impunidad. En el Estado de México desde hace unos siete años los delincuentes no corren riesgo de terminar en prisión, porque las denuncias convertidas en carpetas de investigación representan una ínfima parte de los delitos perpetrados. Además, la desconfianza en las instituciones de procuración y administración de justicia y la pérdida infructuosa de pérdidas en las agencias del ministerio público desanima a las víctimas presentar denuncias.
Según cálculos de “El Espectador” -hechos a partir de la incidencia delictiva del Estado, difundida por el INEGI y del número de la población estatal de 18 años de edad y más (12 millones de habitantes)-, los delitos cometidos en 2017 sumaron cerca de 6.5 millones, pero las denuncias apenas llegaron a 266 mil 463. Y si el número es insignificante, comparado con la incidencia delictiva, es mucho más insignificante frente a las sentencias condenatorias, que no llegaron a 6 mil. Las autoridades estatales deben reflexionar con sentido autocrítico sobre este grave problema.
