*De los delitos denunciados apenas se castiga a entre el 4 y el 5 por ciento
GABRIEL L. VILLALTA
Datos estadísticos arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI revelan la pavorosa realidad en materia de impunidad de los delitos y de la desconfianza de las víctimas para denunciar los agravios sufridos el año pasado.
Los afectados por la delincuencia en 2017 sumaron 25 millones 400 mil en todo el país. El número está por debajo de la realidad, pues el organismo sólo incluyó a las víctimas de dieciocho años y más, cuando ahora los malhechores también dañan a niños y adolescentes.
No obstante, el Secretariado General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó en el mismo año sólo un millón 668 mil 316 denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público de las entidades federativas.
Las cifras negras, traducidas en impunidad absoluta, sin posibilidades siquiera de investigarse, llegaron a 23 millones 731 mil 684, sin contar a las víctimas menores de edad, excluidas inexplicablemente de las estadísticas oficiales, lo cual refleja el frágil Estado de Derecho en México, por la falta de justicia a la población agraviada por los delincuentes.
Aun con el rigor del trabajo del INEGI y con la preocupante realidad expresada, las estadísticas no alcanzan, ni pueden reflejar el impacto en las condiciones sicológicas de las víctimas y sus familiares, particularmente de esos 23 millones 731 mil 684 que no recibieron justicia.
Tampoco los autores de todos del millón 668 mil delitos denunciados recibieron castigo, pues la tasa de impunidad en estos casos supera el 94 por ciento, por lo cual si se toma en cuenta los delitos no dados a conocer a las autoridades competentes, es fácil en tender la gravedad del problema de la falta de justicia para las víctimas y sus familiares.
Los delitos sumaron el año pasado 33 millones 600 mil, porque en un alto porcentaje de los casos se comete más de uno.
EL COSTO ECONÓMICO
La información del INEGI estima en casi 300 mil millones de pesos el daño ocasionado por la delincuencia a sus víctimas en 2017, incluyendo el costo de las diversas medidas de seguridad adoptadas por empresas y personas.
También en este aspecto, aunque la información estadística puede ser correcta en esos aspectos, no incluye el daño económico total, porque no se puede medir el monto de las inversiones que dejaron de hacerse por la inseguridad pública.
De la misma forma, la Encuesta tampoco puede cuantificar el daño a las empresas que cierran por las extorsiones y cobro de derecho de piso exigido por la delincuencia, con el consiguiente despido de trabajadores.
