*Cifras oficiales del FGJEM y la Sría. de Movilidad revelan desastres en transporte y justicia.
Las comparecencias de los miembros del gabinete estatal ante los representantes populares, con motivo de la glosa del primer informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza permitieron conocer el mal funcionamiento de las instituciones públicas, pero la situación es particularmente grave y riesgosa en la procuración de justicia y transporte urbano.
En procuración de justicia se estima que en los primeros meses del año se abrieron unas 200 mil carpetas de investigación, pero sólo se judicializaron 12 mil 551 expedientes, de los cuales sólo en tres mil 421 se obtuvieron sentencias condenatorias. El problema es mucho mayor de lo reflejado por esas cifras, porque sólo un porcentaje mínimo de los delitos se denuncian. Aproximadamente el 94 por ciento de los agravios quedan impunes, sin la más remota posibilidad de castigo, porque sencillamente las autoridades no los conocen.
En la comparecencia del fiscal general de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, se dio a conocer las deplorables condiciones de la dependencia a su cargo: cada agente del ministerio público atiende mil carpetas de investigación al año, y para integrarlas tienen como apoyo casi un policía de investigación.
Los agentes policiacos cada uno debe investigar y esclarecer 800 denuncias penales cada doce meses, lo cual sencillamente no es humanamente posible. Y a la insuficiencia de personal debe agregarse los casos de corrupción y malos tratos a las víctimas que se atreven a denunciar los delitos que sufren.
No resulta tranquilizador conocer la realidad en la procuración de justicia, porque las limitaciones e insuficiencias en todos los aspectos se traducen, al final, en impunidad e injusticia para las víctimas directas y sus familiares, y en abierta violación a los derechos humanos y generación de un débil e ineficiente Estado de Derecho.
Por su parte, el transporte o movilidad de pasajeros en las zonas urbanas mexiquense enfrenta igualmente severos rezagos, y el servicio se presta en un escenario de alta ilegalidad, porque 70 mil vehículos transportan pasajeros en la ilegalidad abierta, mientras 73 mil más también están en la irregularidad, porque sus concesiones vencieron y siguen en circulación, sin subsanar la omisión ni ser sancionados sus propietarios.
Los datos oficiales entregados a los diputados mexiquenses son preocupantes: de 168 mil concesiones, 73 mil ya se vencieron y 32 mil más lo harán en diciembre, para sumar 105 mil que estarán en estas condiciones. Prestarán el servicio en la legalidad sólo 63 mil. A las 105 mil irregulares deben sumarse las 70 mil unidades ilegales que dan servicio, por lo que del universo total de 238 mil vehículos del trasporte, quienes estarán fuera de la ley sumarán 175 mil, para poner en dudas la existencia del Estado de Derecho.
De esta dimensión es la problemática del transporte del Estado, en el cual se generan 18 millones de viajes pasajeros por día. Y no debemos olvidar que la movilidad es ya un derecho humano.
