Ni los intereses de las constructoras, ni los grupos radicales deben decidir lo del nuevo aeropuerto, solo el interés nacional.
Cualquier análisis sobre el Nuevo Aeropuerto de Texcoco debe partir de ciertas realidades inmodificables, para ser objetivo, como es la necesidad de una nueva terminal de aviones en la zona y las condiciones del suelo, claramente no recomendables para un megaproyecto de esta naturaleza y uso.
La primera crece año con año por el lógico aumento de la demanda de transporte aéreo, por lo cual debe construirse un nuevo aeropuerto. La segunda situación podría resolverse con una estratosférica inversión, para cimentar las pistas con las características técnicas y tecnológicas para operar con seguridad en el corto, mediano y largo plazo en un suelo de origen lacustre, el menos idóneo para ese uso específico.
Información de los últimos días alude a ese problema de estructura del terreno. Para contrarrestar la fragilidad se está gastando una enorme cantidad de dinero. Según los allegados a Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 70 por ciento de la inversión aplicada a la fecha en la construcción de la obra se destinó exclusivamente a cimentar las pistas.
Saldrán excesivamente caras, porque las condiciones del suelo no permitirían pistas con las características de las construidas en suelo firme. Eso prueba el primer error en la selección del sitio, que puede corregirse con un elevado presupuesto, pero aun con ese río de dinero, nadie hasta ahora garantiza al ciento por ciento que no se presentarán problemas de hundimiento e inundaciones en 10, 15, 20 ó 25 años, cuando las actuales autoridades sean sólo un mal recuerdo para los mexicanos.
Esto es en cuanto a la construcción y operación, pero falta estudiar los numerosos y multiplicadores efectos positivos y negativos que el Nuevo Aeropuerto, que, por cierto, ya no llevará el nombre “de Ciudad de México”, tendrá en los aspectos demográficos, ambientales y sociales para millones y millones de habitantes de todo el oriente de la Zona Metropolitana capitalina, además del monto de la inversión.
Ante esta realidad, deben ser especialistas altamente calificados en las diversas aristas que serán impactado si se termina o cancela el megaproyecto quienes decidan. La encuesta o consulta es útil y conveniente en otro tipo de decisiones, no en una obra de la que, por razones obvias, el hombre común no puede opinar con conocimiento del tema. Y menos los grupos radicales e irracionales conocidos.
Tampoco deben decidirlo los poderosísimos intereses económicos involucrados directamente como contratistas en la construcción del Aeropuerto, quienes por conducto de sus medios informativos impresos, electrónicos y digitales presionan en favor de la continuidad de los trabajos, porque eso le conviene a sus negocios.
La terminación o cancelación de la terminal de aviones no deben decidirla los contratistas, ni los grupos radicales, sino los expertos, con criterios científicos y técnicos, quienes coincidirán necesariamente con una u otra posición, pero no por presiones de las partes.
