*Durante los seis años el titular de la SCT defendió siempre los intereses de contratistas.
Cuando se canceló el proyecto del tren rápido México-Querétaro, por el escándalo de la “Casa Blanca”, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, salió de inmediato a anticipar que las empresas ganadoras del contrato estaban en su derecho de demandar al gobierno mexicano y exigir el pago de una indemnización por la ruptura de los contratos firmados.
Los ganadores había sido una compañía china e HIGA, de Juan Armando Hinojosa, precisamente el empresario más favorecido con contratos de obras del gobierno estatal en tiempos de Enrique Peña Nieto.
Empero en esos momentos era severamente cuestionado por haberle vendido, aunque muchos sospechan que fue un regalo, una fastuosa mansión a la esposa del presidente de la República.
El escándalo fue mayúsculo y rebasó las fronteras mexicanas e inicio los problemas de descrédito del ahora saliente mandatario del país y dio comienzo también a la sospecha de alta dosis de corrupción de las autoridades federales, que terminaron por erosionar la figura del presidente y de la propia institución presidencial.
En esas circunstancias, Ruiz Esparza fue enfático, como si hubiera sido el principal apoderado legal de las empresas contratistas del tren rápido México-Querétaro, en que éstas podían reclamar justicia y obtener una indemnización de parte del gobierno mexicano, al cual el funcionario servía y sirvió todo el sexenio pese a los escándalos. Les dio ideas.
Ahora, en su comparecencia ante los senadores, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), advirtió que si se cancela el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) el gobierno debe pagar, de entrada, cien mil millones de pesos ya invertidos e indemnizar a 307 compañías que se verían afectadas por el fin de los contratos, además de gastarse en la demolición de lo construido.
Aun cuando no se conocía el resultado de la encuesta y consulta popular, el funcionario otra vez ya estaba induciendo a los empresarios a demandar, pero además, su advertencia no fue explicada bien, porque no detalló por qué y a quién había que cubrir el gobierno cien mil millones de pesos, pues de lo invertido hasta ahora un 70 por ciento han sido fondos públicos.
El gobierno aportó ya tres mil 500 millones de dólares; es decir, unos 70 mil millones de pesos, por lo que en todo caso el pago sería por 10 mil millones de pesos, si como lo han informado las autoridades, se han aplicado 80 mil millones de pesos; o habría que ver a quienes se cubren 30 mil millones, si de verdad se ejercieron ya cien mil millones en la obra; nunca cien mil millones, como lo dijo Ruiz Esparza.
El funcionario vuelve a comportarse como apoderado general o socio de las empresas contratistas.
