*Sobre nada hay certeza, ni información única. *Hay danzas de cifras contradictorias.
MAXIMILIANO CASTILLO R.
Nunca en la historia del país la ejecución de un megaproyecto se había caracterizado por tanta opacidad, como el caso del megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco.
Al momento de estar en circulación este semanario ya se conocerán los resultados de la consulta popular y encuesta sobre la continuidad o cancelación de los trabajos de construcción en ese municipio, pero hayan sido como hayan sido, nada cambiará la alta dosis de opacidad e información contradictoria difundida sobre la obra.
No existe información sobre la superficie donada por el gobierno federal al proyecto, ni cuánta de esa extensión ocuparán las instalaciones aeroportuarias (si siguen los trabajos) y tampoco hay datos sobre el número de hectáreas de la reserva territorial o bienes nacionales de la zona donde comenzó la construcción del NAIM. Tampoco se sabe si la devastación de los recursos naturales ya terminó o seguirá, ni quién pagará los daños ambientales.
Hay confusión sobre el monto total a invertir. En un principio se habló de 169 mil millones de pesos para todo el proyecto y ahora se mencionan 285 mil sólo para la primera etapa. Y la explicación de que la obra se encareció por la devaluación del peso no cuadra, pues los 63 millones de metros cúbicos de tezontle y tepetate para relleno y los salarios de decenas de miles de trabajadores, el cemento y la varilla no se pagan en dólares.
De acuerdo con una investigación de “El Espectador”, el 22 de octubre de 2001 el gobierno federal de Vicente Fox Quesada expropió 5 mil 500 hectáreas de los ejidos de Texcoco, Chimalhuacán y San Salvador Atenco, para destinarlas al nuevo aeropuerto capitalino.
Poco después, cuando la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), conocidos coloquialmente como “macheteros de Atenco”, impidieron la ejecución, la administración panista informó que la obra podía construirse sin ocupar la superficie expropiada, porque el gobierno federal poseía más de 5 mil hectáreas en la misma zona.
Si de verdad se contaba con esa extensión y se acumularon las expropiadas, entonces estaríamos hablando de tierras de bienes nacionales por 10 mil 500 hectáreas, pero de esto nada se informa, porque la opacidad y contradicción es el sello distintivo del presente gobierno federal en el tema de la construcción del NAIM.
Tampoco hay transparencia en el carácter de la participación de las empresas contratistas. No se sabe si sólo se les paga su trabajo o si son socios del proyecto; sobre todo, porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por un lado dice que no hay inversión pública en la obra, sin explicar quién aporta entonces los recursos para financiar los trabajos; y por la otra, habla de gasto público.
Más confusión y opacidad introdujo al advertir que si se cancela el proyecto el gobierno pagará cien mil millones de pesos, porque eso se invirtió ya, pero si éste se supone se construye con fondos públicos, ¿por qué el gobierno debe pagar?.
La gran discusión que generó por varias semanas la consulta y encuesta sobre si el NAIM se construye en Texcoco o en Tecámac, donde se localiza la base aérea de Santa Lucía, no arrojó luz sobre estos temas, ni siquiera sobre el monto de la inversión ejercida y la total requerida, ni sobre por qué el 74 por ciento de los contratos se asignaron sin concurso.
