*Los delitos no se castigan; consiente el GEM a ciertos sectores violar la ley abiertamente.
En el Estado de México la población padece más miedo que en otras entidades federativas con mala fama de violentas, inseguras y de alta incidencia en delitos de alto impacto, como las ejecuciones múltiples, las fosas clandestinas y el desmembramiento de las víctimas. Eso no ocurre cotidianamente en suelo estatal, pero aquí se cometen más delitos en términos relativos y absolutos que en otros estados.
Las cifras negras alcanzan igualmente índices excesivamente elevados. No se denuncian los agravios por falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, por el largo tiempo necesario para presentar una denuncia, además de la exigencia de dinero para abrir una carpeta de investigación y la falta de resultados positivos para el denunciante.
Se trata de una situación grave, a la cual nos estamos acostumbrando, al grado de considerar normal vivir con tanto temor a los delincuentes. Los medios informativos, a su vez, no investigan a fondo ni difunden la realidad, en un claro incumplimiento de su obligación de informar y analizar los fenómenos y hacer efectivo el derecho constitucional de los mexicanos a estar oportuna y suficientemente informados.
La vigencia de la ley es neutralizada en el Estado de México por una larga serie de factores adversos para la justicia. Por incapacidad, limitaciones materiales, insuficiente personal, corrupción y otras circunstancias los delincuentes no corren riesgo de terminar en la cárcel, lo cual fomenta las conductas delictivas, porque no hay sanciones para inhibirlas.
Otra situación milita en contra del Estado de Derecho en suelo mexiquense: el trato privilegiado, de excepción, a determinados sectores, como lo es el de los transportistas. Una organización civil destinada a combatir la deshonestidad en el servicio público puso un ejemplo contundente del tema:
Todos los días prestan servicio en forma ilegal 143 mil vehículos del transporte público. Lo hacen a cualquiera hora del día, principalmente a la luz del sol, ante la permisibilidad de las autoridades, las cuales saben mejor que nadie que dedicarse al transporte sin la correspondiente concesión constituye un delito grave.
Desde hace varios años está en vigor el artículo 148 del Código Penal del Estado de México que tipifica como conducta delictiva la prestación del servicio de transporte en suelo estatal, pero no se aplica, por razones económicas y políticas. Por ello se permite la circulación y operación de esas 143 mil unidades ilegales.
La situación es grave en sí, pero lo es más porque pone de manifiesto que si las autoridades estatales no son capaces de someter al imperio de la ley a transportistas, menos serán capaces de perseguir, detener y castigar a los miles de delincuentes que agravian a la sociedad.
