*Proponen iniciativa de reforma a Ley de Acceso de Mujeres a vida libre de violencia.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la primera recomendación general a los poderes del Estado y a la sociedad para emprender acciones destinadas a evitar la violencia y especialmente los feminicidios, los homicidios, la trata, las desapariciones, los crímenes de odio y las malas condiciones de las cárceles.
Sobre el mismo tema, la diputada local por el PRD, Araceli Casasola Salazar, presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, mientras el grupo legislativo del PES hizo un pronunciamiento desde la tribuna de la Cámara de Diputados por la inacción efectiva para prevenir los feminicidios.
En especial destacó el agravamiento de las agresiones morales contra féminas en los municipios de Ecatepec, Tecámac y Atizapán de Zaragoza, y reprobó que las autoridades y lo sociedad no le concedan la importancia a este grave problema, la expresión más brutal contra las mujeres.
Frente al problema, las autoridades han sido “sordas y ciegas” porque no evitan los feminicidios, ni castigan a los feminicidas, generalmente novios, parejas, esposos, familiares como hermanos, primos, tíos, conocidos de las víctimas.
Recordó que en los últimos 10 años se han abierto 3 mil 363 carpetas de investigaciones por muertes violentas intencionales de mujeres, pero la mayoría no son consideradas feminicidios, y hay mucha impunidad, pues casi no se castiga a los culpables.
El comisionado de la CODHEM, Jorge Olvera García, demandó también seguridad para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, lo mismo que a los migrantes. Adelantó que la Comisión será insistente, no omisa ante la violación de los derechos humanos en donde quiera que se presenten los problemas.
La recomendación 1/2018 fue la primera de carácter general dirigida a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial mexiquenses y a la sociedad en su conjunto, para atender las diversas formas de violaciones a los derechos humanos, y a inculcar a los niños la cultura del respeto a las garantías de las personas.
La bancada del PES recordó que la legislación penal mexiquense establece penas de prisión de entre 40 y 70 años por el delito de feminicidio, pero el problema consiste en que no se detiene a los feminicidas.
A las áreas especializadas en atender el problema no se les dota de los recursos humanos y materiales para actuar con rapidez, eficacia, por lo cual el problema no se erradica, ni se castiga a los culpables.
