*No hay información precisa sobre el número de reos que albergan.
La figura legal de “Asociación público-privada” se expresa en toda su crudeza como excesivamente onerosa para el poder público y demasiado ventajosa para las empresas, pues en los contratos no se fijan montos promedio por preso, sino el pago por instalaciones.
Los particulares cobran la suma pactada, así el penal esté ocupado en toda su capacidad instalada o sólo al diez por ciento, porque se conviene determinado pago, sin tomar en cuenta el número de presos.
Los penales construidos con inversiones públicas y privadas, y dejadas en manos de empresas cuestan cada año siete mil millones de pesos a la Secretaría de Gobernación, de donde depende el sistema de cárceles federales.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no ha dado a conocer el número de presos o personas privadas de la libertad (PPL), como con elegancia se le denomina ahora a los presuntos criminales encarcelados, recluidos en los penales concesionados.
Mucho menos ha detallado cómo están distribuidos y cuánto cobra cada una de estas cárceles que administran empresas de la iniciativa privada. No obstante, se sabe tienen establecido un determinado monto anual hasta por un cuarto de siglo o más años.
Tienen garantizado el pago, pues en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación tiene una partida específica para pagarle a las cárceles construidas con inversión pública y privada, en beneficio de esta última.
Los gobiernos neoliberales favorecieron los intereses privados, en la mayoría de los casos, de sus amigos hasta en el tema de los penales. Los presos se convirtieron en negocios altamente rentables, como ocurre con la cárcel femenil federal de Morelos, que casi no tiene internas, pero se pagan millones de pesos al año a particulares.
