La controvertida Ley de Seguridad Interior fue invalidada finalmente por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por nueve votos a uno se declaró inconstitucional, fundamentalmente porque el Poder Legislativo incurrió en violaciones al proceso legislativo y no daba certeza jurídica en el tema; además, el presidente de la República puede disponer del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para la seguridad interna y exterior, por ser una facultad constitucional.
Sólo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo voto en contra de declarar inconstitucional la ley que generó tantas polémicas y fue criticada severamente por organizaciones no gubernamental, al considerar que propiciaría violaciones a los derechos humanos y subordinaría a las autoridades civiles a las fuerzas armadas.
Pardo Rebolledo consideró que podían salvarse las disposiciones que no violaban la Constitución, pero su propuesta no fue atendida. Los ministros sostuvieron también que la Ley de Seguridad Interior en realidad tiene artículos aplicables a la seguridad pública.
