La formación de una guardia nacional, anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dentro de su plan nacional de paz y seguridad, es cuestionada por organizaciones no gubernamentales. En particular se considera inconveniente dejar la seguridad pública del país en manos de las fuerzas armadas, precisamente lo que se cuestionó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en su lucha contra la delincuencia organizada.
El próximo gobierno tiene tiempo para corregir lo que sea útil corregir y para informar realmente cómo estará la situación, comenzando por definir y difundir cuántos elementos de la guardia nacional provendrán del Ejército y la Marina, y cuánto serán civiles y, sobre todo, cuál será la diferencia en la asignación de tareas policiacas futuras y las que ahora efectúan soldados y marinos. En todo caso, el mando de la lucha para pacificar al país debe estar en manos de civiles y la estrategia debe ser eficaz y con pleno respeto de los derechos humanos, lo que puede lograrse, porque eficacia y protección de esos derechos no son excluyentes, como se piensa muchas veces.
Otro aspecto que debe aclararse es si la guardia nacional, integrada mayoritariamente por soldados y marinos, actuará como agrupamiento de las fuerzas armadas o como corporación armada civil.
La verdad es que la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, que no son sus tareas constitucionales, no ha podido abatir los índices delictivos, ni la violencia criminal, debe reconocerse. También es cierto que ahora no pueden irse a sus cuarteles, porque dejarían más indefensa a la población, a merced de los grupos criminales cada vez más despiadados. No será fácil para López Obrador desvanecer las dudas de la sociedad sobre la conveniencia de la composición de la guardia nacional.
