*Mostró vulnerabilidad la movilidad en ZMVM con bloqueo carretero. *Miles de pasajeros se vieron afectados, sus derechos violentados y nadie responderá por los daños.
Diversas reacciones de los gobiernos federal, mexiquense y de la Ciudad de México generó el cierre de 20 horas de la autopista México-Pachuca, el lunes 12 de este mes. El origen del problema fue motivo de condena del Poder Legislativo mexiquense.
No obstante, las víctimas directas del bloqueo de la estratégica vía de comunicación fueron ignoradas por completo. Ninguna autoridad las mencionó siquiera en sus declaraciones sobre el hecho. Como si nadie hubiera sido afectado.
Como es del conocimiento público, la noche del domingo un grupo de policías de la Ciudad de México ingresó a territorio mexiquense, específicamente, a San Juan Ixhuatepec o San Juanico, como también se le conoce, en persecución de presuntos delincuentes, que habían cometido un asalto en la capital del país.
Capturaron a los supuestos maleantes, pero un grupo de taxistas intentó liberarlos, por lo cual se dio un enfrentamiento. Los uniformados pidieron refuerzos y después unos 300 de sus compañeros llegaron al lugar y presuntamente agredieron a vecinos, allanaron domicilios, robaron y destruyeron parabrisas de vehículos.
En repuesta habitantes de Ixhuatepec cerraron la autopista en sus dos sentidos y durante 20 horas nadie pudo llegar, ni salir de la Ciudad de México. Los trabajadores no pudieron llegar a sus centros de trabajo, ni los alumnos y maestros a las escuelas, con perjuicios también para quienes de otras partes del país viajaban a la urbe o salían.
El caos vial se extendió por gran parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y los vehículos que quedaron varados en la autopista no pudieron moverse para adelante, ni para atrás, para desesperación y angustia de los conductores y los pasajeros.
De acuerdo con cálculos de las autoridades, por la autopista cerrada circulan diariamente unos 25 mil vehículos, pero un importante porcentaje es transporte colectivo, que en promedio moviliza a unas diez personas por unidad, por lo cual el número de perjudicados fue elevado, con daño a sus economía y a las actividades productivas de las empresas donde laboran y al proceso enseñanza-aprendizaje en el caso de los alumnos y maestros.
Nadie se responsabilizó de esos daños individuales. Las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México para nada se refirieron a esas víctimas ajenas al conflicto, porque su atención la acaparó el esclarecimiento de los hechos de la persecución a los supuestos asaltantes, el ingreso de policías de la vecina entidad a territorio mexiquense y los abusos de autoridad en que habrían incurrido, por lo cual se iniciaron más de cien carpetas de investigación e intervino la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México.
Tampoco hubo, ni hay reflexión sobre la excesiva vulnerabilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México a las acciones de pequeños grupos de personas, que pueden dañar irracional e impunemente a decenas o cientos de miles de habitantes pacíficos, como ocurrió en la autopista mencionada y ha pasado con los cierres de la México-Puebla.
En San Juan Ixhuatepec inclusive fue herido de bala un policía estatal, además el bloqueo constituyó un delito federal: el de ataques a las vías generales de comunicación. Los daños y perjuicios y el agravio a los derechos de los afectados a la movilidad no les importaron a las autoridades.
