*Presentó la ONG “Impunidad Cero” 36 denuncias penales. *Incluyen al Estado.
GABRIEL L. VILLALTA
La rapacidad de los funcionarios públicos rebasó en el sexenio peñista todos los límites conocidos. No hubo medidas. La corrupción se perpetró inclusive contra fondos destinados a atender los problemas de salud de la población más pobre y vulnerable.
El presunto daño patrimonial alcanza globalmente los 86 mil millones de pesos, sustraídos mediante numerosos mecanismos y maniobras de los programas federales más publicitados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Ante ello, la Fundación “Impunidad Cero” ha dado a conocer la presentación de 36 denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR), para una investigación a fondo del daño patrimonial ocasionado a las finanzas públicas por funcionarios corruptos.
La organización no gubernamental (ONG) apoyó su denuncia en información oficial derivada de las auditorias efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejo de fondos federales por parte de todos los gobiernos de los estados.
Las revisiones abarcaron un período del 2012 al 2016, que en el caso del Estado de México corresponden al sexenio de Eruviel Ávila Villegas, ahora senador de representación proporcional.
Este daño patrimonial fue detectado en los programas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular, ambos creados para atender la salud de los mexicanos de bajos o nulos ingresos.
En especial los gobiernos estatales compraron con excesivos sobreprecios medicamentos y, además de pagarles a personas que no se presentaban a laborar; es decir, a los conocidos popularmente como “aviadores”.
De la misma forma, entre las irregularidades detectadas figura el traspaso de fondos de unas cuentas a otras no autorizadas para esos movimientos, y el Estado de México fue quien más irregularidades cometió en la aplicación de esos fondos federales.
Los gobiernos estatales también descontaron impuestos al personal del sector salud, pero no entregaron esos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual se convierte en una retención ilegal de salarios de los servidores públicos.
MUCHAS FACILIDADES A INFRACTORES
La Auditoría Superior de la Federación otorga demasiadas facilidades a los gobiernos estatales para justificar los gastos, en lugar de aplicarles sanciones al comprobar la aplicación de fondos federales sin el indispensable soporte documental.
Les da demasiado tiempo para que consigan facturas con las cuales acreditar las erogaciones, cuando éstas no deben hacerse sin que el proveedor o contratista entregue antes las facturas que amparan la transacción. La SHCP también permite que impuestos retenidos al personal de salud y no enterado a la Federación se cubran con fondos de otros programas.
