*Los delincuentes no son más fuertes que el Estado. *Revelador el juicio al “Chapo”.
Las áreas de prevención y persecución del delito y procuración de justicias federales y estatales presentan grandes fragilidades, ineficiencias, corrupción e ineptitud, con impacto negativo en la administración de justicia, para un doble agravio a las víctimas. El juicio contra el “Chapo” Guzmán en Estados Unidos es la mejor prueba.
Esa será la herencia dejada por el actual gobierno federal al entrante, advirtió Jorge Iván Frausto Leal, académico y editorialista de “El Espectador”. El problema de la inseguridad pública e impunidad se encuentra extendido en todo el territorio nacional “y sus causas son múltiples y sus expresiones brutales abarcan diversas actividades criminales antes ausentes o de escaso peso en el universo delictivo”, comentó.
El entrevistado se refirió enseguida a la limitada percepción social e institucional del fenómeno de la inseguridad pública, la alta incidencia delictiva, el elevado índice de violencia ejercida por los delincuentes, la impunidad y la corrupción protectora.
Todavía se sigue pensando en la delincuencia organizada con actividad exclusiva en el narcotráfico a gran escala, cuando esa modalidad persiste y se expande en su vertiente de narcomenudeo, ahora asociada al secuestro, homicidio, extorsión, trata de personas, cobro de derecho de piso y robo al transporte de carga y pasajeros, enumeró Frausto Leal.
En el fondo de todo está la combinación de una larga serie de factores, como la falta de ingresos y sus efectos devastadores en la armonía y convivencia de las familias afectadas, la desintegración de éstas, la incapacidad económica de los padres de familia para costear los estudios de sus hijos y de la economía para generar los empleos suficientes y bien remunerados para quienes ingresan a la edad de trabajar y producir, abundó el también académico y socio de una consultora.
Desde esta perspectiva, consideró positiva la propuesta de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de despenalizar la producción, venta y todas sus fases de la cadena involucrada en el camino de la marihuana hasta el consumidor.
No obstante, Frausto Leal explicó que por las diversas causas y la realidad del universo criminal la medida anunciada no será suficiente para devolver la seguridad pública a los mexicanos, pues aun cuando dejara de consumirse marihuana, las actividades delictivas seguirían, porque es altamente redituable para las cabezas de las organizaciones criminales, así no lo sea para quienes directamente cometen los delitos.
Dos medidas gubernamentales, que ni siquiera son costosas, pueden tener efectos positivos importantes en la lucha contra la delincuencia e inseguridad: el retiro de la protección a la delincuencia por todas las instancias, niveles y ámbitos de gobierno; y el decomiso de los bienes adquiridos por la delincuencia organizada. Todo ello, subrayó, exige como precondición suprimir la protección a la delincuencia, erradicando la corrupción.
Jamás la delincuencia organizada, sin protección del poder público en sus diversos niveles, podrá ser más fuerte que el poder del Estado. “Es falsa la idea de que no puede erradicarse o reducirse a su mínima expresión la inseguridad pública y la incidencia delictiva”, concluyó.
