COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
GOBERNADORES Y ALCALDES, POLICÍAS ESTATALES
Y MUNICIPALES DEBEN DAR SEGURIDAD A SOCIEDAD
La creación de la Guardia Nacional es una decisión relevante del nuevo gobierno, para bien o para mal. Todos los mexicanos exigen seguridad para sus vidas y bienes, y si la futura corporación la proporciona, con actuaciones y operativos respetuosos de los derechos humanos, su institucionalización habrá sido un gran acierto.
El debate sobre el tema continúa y seguramente seguirá, con la participación no sólo de los adversarios políticos e ideológicos del presidente de la República, sino también de organizaciones no gubernamental (ONG’s) acreditadas en muchos años de lucha genuina en defensa de las garantías básicas de las personas y sin filiación partidista. El tema lo amerita y de sobra, dadas las condiciones y el miedo con que viven las familias.
La polémica es acalorada y por eso mismo no permite reflexionar sobre la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales y sus cuerpos de seguridad y fiscalías en la prevención y persecución del delito del fuero común, justamente los que más agravian y más miedo generan en la sociedad. Estos niveles de gobierno se comportan como si evitar todos los actos ilícitos y perseguir a los delincuentes fuera obligación exclusiva de las autoridades federales y de sus cuerpos de seguridad pública.
El gobierno federal tiene la responsabilidad legal de combatir y erradicar a la delincuencia organizada. Lo hizo en forma intensiva en los últimos doce años, pero con resultados claramente insatisfactorios, como lo prueba la persistencia e intensificación de las actividades de las grandes organizaciones criminales, cada día más extendidas, más violentas y más sangrientas en casi todas las entidades federativas.
La situación buscará abatirse con la Guardia Nacional, y no debe existir un solo mexicano de buena fe que no quiera que así suceda, porque la inseguridad pública y la impunidad de los delincuentes agravian e irritan mucho a la comunidad nacional, la cual exige solución. Por eso más de 30 millones votaron a favor del candidato que ofreció resolver el problema.
Con todo, no debemos olvidar que una alta mayoría de los delitos, incluyendo los no denunciados y los no castigados, corresponden al fuero común; es decir, evitarlos y cuando no se logre, castigar a sus autores, es obligación de las corporaciones policiacas estatales y municipales y de sus respectivas fiscalías generales de justicia.
No lo hacen, no cumplen. Y aducen que sus cuerpos de seguridad no están capacitados para cumplir con sus obligaciones, porque no están capacitadas, ni equipadas, ni cuentan con el armamento, ni el número de elementos y patrullas suficientes para ello; es decir, no perciben que esas deficiencias, insuficiencias y omisiones son su culpa, no su justificación.
En los últimos doce años las autoridades estatales y municipales recibieron decenas de miles de millones de pesos para la depuración de sus cuerpos de seguridad, para reclutar, seleccionar, contratar y capacitar a nuevos elementos y efectuar el control de confianza a todos los policías, comprar armamento, patrullas y equipo. Por las condiciones de la seguridad pública en todo el país, ese dinero se desvió o se gastó muy mal.
La nueva etapa de la lucha contra la inseguridad pública, con Guardia Nacional o sin ella, no podrá abatir la inseguridad pública y devolverle la tranquilidad, la paz y seguridad a los mexicanos, si los gobiernos estatales y municipales no cumplen con sus obligaciones.
