*Los servidores públicos cuestionaban la norma. *ISSEMYM tiene 375 mil afiliados.
CLAUDIA HIDALGO
En la acción legislativa más relevante de su gestión, con dispensa del trámite de dictamen, el Poder Legislativo Local abrogó la Ley de Seguridad Social del Estado, aprobada por su antecesora menos de cuatro meses antes, y a 26 días de entrar en vigor.
La norma dejada sin efecto había privatizado el sistema de pensiones. Ordenaba la administración de los fondos del ahorro para el retiro de los servidores públicos por Afores. Había puesto fin al sistema solidario de 375 mil empleados públicos, quienes la rechazaban.
La iniciativa fue aprobada por 53 votos, contra los de la bancada del PRI y del PAN. Los dos diputados del PRD se abstuvieron. Los legisladores de Morena anunciaron se elaborará una nueva propuesta, para conciliar la solución de los problemas financieros del ISSEMYM con el respeto pleno a los derechos de los servidores públicos mexiquenses.
El diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la representación popular del Estado y coordinador de la bancada mayoritaria, sostuvo que la legislación abrogada no iba a resolver los problemas del ISSEMYM, ocasionados por malos manejos, mala administración y desvío.
Coincidió con la críticas que los servidores públicos hacían a la nueva legislación de seguridad social: su corte claramente neoliberal, contrario a los intereses de los asalariados, como está ocurriendo con los trabajadores de la iniciativa privada y los afiliados al ISSSTE.
Hernández González adelantó que, para elaborar la nueva norma, se recogerá la opinión de los servidores públicos, contrariamente a lo ocurrido con la abrogada, aprobada sin consultar a los afectados. De origen sindical, recordó que la privatización de los sistemas de pensiones sólo ha enriquecido a los dueños de las Afores.
El diputado Alberto Coutollec, del PVEM, cuya bancada votó a favor de la abrogación, destacó que lo aprobado constituye un mensaje de solidaridad y dará certeza de que en los temas relevantes no habrá omisión de la representación popular.
El grupo legislativo del PAN adujo falta de tiempo para un análisis profundo de la decisión adoptada, en lo cual coincidió con Miguel Sámano Peralta, líder de los diputados del PRI, cuya mayoría en la anterior Legislatura sacó adelante la Ley abrogada.
Alertó en el sentido de que si no hay ajustes a la legislación del caso, en unos tres años (2021) será necesaria la aportación del 20 por ciento de los ingresos de los servidores públicos para sostener al Instituto.
En la sesión se recordó que apenas en el 2012 se elevaron las cuotas de los trabajadores en un 50 por ciento y en su momento se aseveró que con eso el ISSEMYM tendría garantizada su viabilidad: no ocurrió.
De la misma forma se dio a conocer que en los últimos 5 años las cuotas de los servidores públicos le representaron al organismo un aumento en sus ingresos de más del ciento por ciento, al pasar de 9 mil 460 millones de pesos en 2012 a 19 mil 555 millones este año.
