*Además del gran capital, también rechazan perder sus privilegios gobernadores y magistrados.
Los grandes medios informativos de cobertura nacional, como parte de las corporaciones dueñas de la economía nacional, están convertidos en caja de resonancia de la resistencia de los grupos privilegiados a las políticas públicas del nuevo gobierno.
Conceden excesiva importancia a la construcción de cada frente adverso a las acciones anunciadas por el nuevo Poder Ejecutivo Federal, por quien votaron más de 30 millones de electores el primer domingo de julio último.
Las planas de casi todos los diarios y noticieros de radio y televisión están privilegiando en sus coberturas la oposición de los gobernadores a los delegados únicos de la Federación en sus estados. En especial difunden lo de la presunta violación a la soberanía estatal.
El franco rechazo de magistrados y jueces a la reducción salarial y la promoción de cerca de tres mil amparos contra la legislación sancionadora de las remuneraciones de los servidores públicos, con tope de 108 mil pesos, ocupan lugares privilegiados en las políticas informativas y analíticas del universo periodístico nacional.
No es casual, ni nueva la posición de los grandes medios frente al político tabasqueño. De acuerdo con un análisis de “El Espectador”, sobre el tema, del cual hemos comentado desde hace años en nuestros espacios de opinión, las empresas propietarias de medios informativos y sus periodistas más conocidos, no necesariamente de mucha credibilidad, participaron durante 13 años en despiadadas campañas de desprestigio contra el ahora presidente de la República, buscando impedir en tres ocasiones su triunfo en elecciones para el cargo.
Obtuvieron éxito en los dos primeros procesos, pero fracasaron rotundamente en el tercero. No obstante, siguen defendiendo con enjundia sus privilegios, tanto como empresas de medios informativos, como de los conglomerados económicos de los cuales forman parte y son instrumento de presión y chantaje.
Estas corporaciones y las que les destinan altos montos por concepto de publicidad (bancos, empresas de la industria alimenticia, de bebidas embotelladas, telefónicas y cadenas de tiendas) constituyen uno de los frentes adversarios del presidente López Obrador.
No lo hacen por antipatía contra el presidente, sino porque buscan mantener a las instituciones como rehenes y al servicio de sus intereses, algunas veces ilegítimos o claramente delictivos, como son los beneficios derivados de la corrupción.
Como lo han examinado especialistas altamente calificados en el tema, la prosperidad de muchos de los dueños del dinero no les vino de su eficacia empresarial, sino de haber recibido casi regaladas empresas públicas, como los bancos, concesiones carreteras, mineras, forestales, para canales de televisión y radiodifusoras, condonación de impuestos, venta de bienes y servicios a las instituciones y contratos de obras públicas con excesivos sobreprecios en la etapa neoliberal.
Por eso sus medios promueven intensamente todos los frentes adversos a López Obrador, además de atribuirle responsabilidades en problemas que ellos mismos ocasionaron y no resolvió el anterior gobierno.
