Los gobiernos federal y de la Ciudad de México comenzaron a retirarle los escoltas a numerosos particulares, a quienes protegían a título gratuito, con cargo a los contribuyentes, en un evidente tráfico de influencias. La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que eran mil 400 uniformados quienes estaban asignados a cuidar a particulares, sin pago alguno por el servicio en un claro desvío de fondos públicos.
El gobierno federal no ha dado a conocer el número de elementos de diferentes corporaciones de seguridad que cuidaban a particulares y sus familiares, para lo cual utilizaban armamento y vehículos públicos.
El periodista Eduardo Ruiz Healy dio a conocer que esta protección gratuita a particulares por parte de elementos de cuerpos policiacos y aún del ahora desaparecido Estado Mayor Presidencial incluía a periodistas, y criticó esta práctica, porque, dijo, si requieren protección de escoltas, que los paguen de su bolsa y compren también vehículos blindados.
