*Los municipios enfrentan resistencia de autoridades federales y estatales en tema de autonomía.
CLAUDIA HIDALGO
La bancada de Morena busca fortalecer legalmente la autonomía de los ayuntamientos para que no sea necesario pasar por el Ejecutivo estatal para pedir autorización a la Legislatura para: enajenar los bienes inmuebles del municipio, cambiar las categorías políticas de las localidades, contratar créditos con plazos mayores a la administración.
Asimismo, para dar en arrendamiento, comodato o en usufructo los bienes inmuebles del municipio por un término que exceda el período de la gestión municipal; celebrar contratos de obra, así como de prestación de servicios públicos; desincorporar del dominio público los bienes inmuebles del municipio; poner en vigor y ejecutar los planes de desarrollo de las localidades de conurbación intermunicipal.
Para ello, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, propuso al pleno legislativo reformar la Ley Orgánica Municipal para que no se lesione la autonomía del municipio, solicitando al Ejecutivo apoyo para pedir autorización a la Legislatura para ejercer varias facultades acotadas legalmente.
La propuesta establece que “Los ayuntamientos necesitan autorización de la Legislatura o la Diputación Permanente en su caso para: autorizar los montos y plazos en inversión privada cuando los plazos de inversión rebasen los términos de la gestión municipal en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios”.
En el artículo 34 diría: “La solicitud de autorización, para realizar cualquiera de los actos señalados en el artículo que precede, y los demás que señale la ley, deberá enviarse a la Legislatura para su autorización, agregando íntegramente los documentos, justificaciones necesarias y, en su caso, el dictamen técnico correspondiente”.
La propuesta que presentó al pleno legislativo y fue enviada a análisis a comisiones abroga el término que indica la necesidad de hacer esto “por conducto del Ejecutivo” respetando la plena autonomía de los municipios en la cual se respete el nivel de gobierno que se pueda gobernar y administrar.
Consideró que el municipio sigue enfrentando resistencias por parte de autoridades federales y estatales, en el respeto de esta autonomía, lo cual se ha visto reflejado en controversias constitucionales promovidas por diversos municipios en la última década.
“La realidad de nuestros municipios en relación con la Legislatura respecto de la administración de su patrimonio, es ejercida de manera parcial por el ayuntamiento, que además vulnera la relación directa y autónoma consagrada por la Constitución”.
“Hay dilación en los procedimientos y autorizaciones previas, al generar una triangulación innecesaria y que éstas, no se vean reflejadas en mejoras para el municipio y su población, así como en el fortalecimiento de su economía”, lo cual debe eliminarse y hacerse de manera directa.
Durante la revisión de este ordenamiento encontró que, de las facultades inherentes al municipio, no está regulada una posible inversión por un periodo superior al constitucional, únicamente habla de la contratación de créditos, la cual debe pasar por la Legislatura.
